En el país se trabaja en la expansión de centrales eléctricas que utilicen recursos energéticos limpios; sin embargo, los gobiernos municipales deben conocer su potencial para desarrollar proyectos competitivos
México es uno de los países líderes en la planeación y expansión de proyectos de energía renovable, lo cual contribuye a disminuir el uso de combustibles de origen fósil y garantizar su seguridad energética a largo plazo con insumos que ofrece la naturaleza como el agua, el viento y la energía solar.
De acuerdo con el Climascopio 2014 —un proyecto auspiciado, entre otras instancias, por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— México ocupa el octavo lugar entre 55 países emergentes con mejor clima de inversiones en energías limpias.
Por lo anterior, el Gobierno Federal trabaja en una estrategia para aumentar la inversión privada, generar empleos y disminuir las emisiones contaminantes, pero también para reducir la dependencia del petróleo, con el que se produce 88 por ciento de la energía primaria que se consume en el país.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La capacidad instalada para el servicio público de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, hasta junio de 2014, era de 54 mil 176 megawatts (MW), de la cual sólo 30 por ciento es considerada como energía limpia (incluidas las grandes hidroeléctricas y la planta nuclear Laguna Verde, ubicada en Veracruz).
Del total de esa energía limpia, 76 por ciento es hidráulica; 12 por ciento es geotérmica; 9 por ciento es eólica, 3 por ciento proviene de la biomasa y una mínima participación (0.06 por ciento) de la energía solar, según el Inventario Nacional de Energías Renovables (INER) de la Secretaría de Energía (Sener).
El gobierno mexicano, a través de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y de la Ley General de Cambio Climático, estableció como meta para 2024 la generación de al menos 35 por ciento de la electricidad nacional a partir de energías limpias (incluida la nuclear), y para 2050, alcanzar el 50 por ciento.
De acuerdo con el INER, en México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una capacidad de 6,168 gigawatts hora al año (GWh/a) de energía geotérmica y 36 mil 559 GWh/a en grandes hidroeléctricas; mientras que privados y la Comisión tienen 1,753 GWh/a en minihidroeléctricas; 4,546 GWh/a de energía eólica; 33 GWh/a de energía solar y 1,324 GWh/a a partir de biomasa en plantas privadas.
A pesar del crecimiento mesurado pero constante de las energías renovables en la última década, México tiene un potencial importante. En energía geotérmica los recursos probados permitirían producir 1,932 GWh/a y 45 mil 207 GWh/a de recursos probables. Dicho potencial se ubica en municipios como Tala, Jalisco; Irimbo, Michoacán; San Pedro Lagunillas, Nayarit; Chignautla, Puebla y Ahualcatlán, Nayarit.
De energía hidráulica, el potencial estimado es de 4,060 GWh/a de recursos probados y 23 mil 28 GWh/a de recursos probables en los ayuntamientos de Ejutla, Jalisco; Acámbaro, Guanajuato; Tatalila, Coatepec, y Cuitláhuac, Veracruz, por mencionar algunos.
Respecto a la energía eólica, el INER calcula que se producirían 11 mil 570 GWh/a con recursos probados y hasta 87 mil 600 GWh/a de recursos posibles.
El potencial probado de energía solar está cuantificado en 3,622 GWh/a y como potencial posible 6.5 millones de GWh/a en municipios como Ojuelos y Tonalá, Jalisco; Villa de Arista y Villa de Reyes, San Luis Potosí; Irapuato, Guanajuato y Durango, Durango.
CAPITAL PRIVADO
En 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que estableció cinco esquemas de permisos; el primero de ellos concedido a productores independientes de energía, los cuales generan electricidad y la venden directamente a la CFE.
Asimismo, se crearon permisos de autoabastecimiento con los que las empresas participan en proyectos de generación y autoconsumo de energía; así como los de cogeneración, importación y exportación de electricidad.
Uno de los principales cambios de la reforma para promover la generación de energía renovable fue la creación de Certificados de Energías Limpias (CEL), ya que su función es apoyar el financiamiento de dichos proyectos, destaca Eduardo Reyes Bravo, director de Energía, Estrategia e Infraestructura de PwC México.
A finales de marzo de este año, la Sener dio a conocer que la meta es que en 2018, “al menos 5 por ciento de la energía que compren los usuarios y empresas del nuevo mercado mayorista mexicano deberá provenir de fuentes limpias”.
Para alcanzar ese porcentaje será necesaria una producción promedio de entre 5 mil y 6 mil MW de energía renovable, estima Eduardo Reyes, lo cual considera una meta alcanzable siempre y cuando el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) convoque a subastas que resulten atractivas para los desarrolladores privados y para la CFE.
DESAFÍOS POR DELANTE
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Para avanzar en la construcción de proyectos renovables, la CFE, y especialmente los productores privados, han tenido que sortear dificultades por la oposición de grupos sociales.
El director de Energía, Estrategia e Infraestructura de PwC México señala que los municipios deben conocer cuál es el potencial económicamente competitivo que tienen para desarrollar proyectos de energía limpia, hacer promoción de esas ventajas y ofrecer procesos administrativos flexibles y eficientes.
Por su parte, Arturo Carranza Guereca, especialista en energía de Solana Consultores, considera que el éxito de la reforma energética depende en buena medida de la capacidad y el oficio de los gobiernos locales. “Su trabajo será medular para permitir que los intereses de las empresas energéticas se alineen con los de las comunidades.”
Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica prevén mecanismos para que eso suceda. El estudio de impacto social y la consulta previa, a cargo de la Sener, así como la evaluación del impacto social que los particulares tienen que presentar para desarrollar cualquier proyecto energético, son figuras que buscan tomar en cuenta el sentir de las comunidades.
Arturo Carranza considera que aun cuando en los últimos meses se ha detallado en reglamentos y disposiciones administrativas, las metodologías para implementar dichos mecanismos no bastarán con una normatividad exhaustiva. Se requerirá, además, de la sensibilidad y conocimiento de las autoridades locales.
“La responsabilidad en la interlocución y mediación con las empresas energéticas se vuelve indispensable para lograr que los intereses de las comunidades realmente se tomen en cuenta.”
No obstante, Gerardo Pandal, responsable de proyectos de Guascor de México, empresa desarrolladora de plantas de cogeneración y bioenergía en diferentes estados del país, confía en que el Senado de la República ratifique la Ley de Transición Energética que aprobó la Cámara de Diputados y que derogará la LAERFTE.
“Los cambios tienen que enfocarse a los compromisos de largo plazo que se fijó México para el desarrollo de energía limpia y avanzar hacia un sistema más limpio, porque no todo en la ley es positivo, pero hay más esperanza que desilusión acerca del camino por e l que transitan los proyectos de energía renovable”, asegura.
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