Cómo mejorar la fiscalización del gasto público en México

Es momento de una discusión pública amplia e incluyente sobre cómo fortalecer el sistema de fiscalización del gasto público en México, consideraron Transparencia Mexicana, México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, por lo que en conjunto presentaron quince puntos para mejorar dicho sistema.

 

A raíz de la emergencia sanitaria, “las autoridades responsables de la fiscalización del gasto público tuvieron que modificar los tiempos, plazos y alcance de su trabajo”, señalaron las organizaciones en un comunicado. Como consecuencia, añadieron, un número significativo de los órganos fiscalizadores no pudo cumplir eficaz y eficientemente con la tarea de vigilar los recursos de todos.

“La oportunidad con la que actúen los órganos fiscalizadores es especialmente importante en el contexto de la reactivación económica y durante procesos electorales. Es momento de impulsar un cambio profundo en nuestro modelo de fiscalización que contribuya al control efectivo de la corrupción en México”, consideraron.

Puntos para mejorar la fiscalización del gasto público

Transparencia Mexicana, México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, presentaron los siguientes puntos para mejorar la fiscalización del gasto público:

1. Preservar y fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior y los mecanismos para la evaluación y el control de su trabajo.

2. Garantizar un estrecho seguimiento y vigilancia efectiva de los órganos de fiscalización su- perior desde la Cámara de Diputados, los Congresos estatales y las unidades de evaluación y control (UEC).

3. Asegurar y ampliar la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías.

4. Incorporar y aprovechar la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, dando cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales.

5. Revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos para la definición del Programa anual de auditorías.

6. Mejorar y transparentar los criterios para la selección del tipo de auditoría: financiera, inver- sión física, forense y desempeño, y asegurar su óptima complementariedad.

7. Garantizar la pertinencia y oportunidad de las auditorías, considerando que el programa anual de auditorías debe estar listo antes de que concluya el ejercicio de la Cuenta Pública a revisar.

8. Incrementar la transparencia del proceso de fiscalización y no sólo de sus resultados, publi- cando expedientes electrónicos del programa anual de auditorías, definiendo con precisión su alcance y universo a fiscalizar, así como el archivo documental de las diferentes etapas de la auditoría.

9. Mejorar tanto la calidad de los informes parciales y final de resultados así como su calendario de entregas, incorporando un lenguaje apropiado para diferentes comunidades y grupos so- ciales interesados.

10. Continuar y ampliar la profesionalización del personal auditor de los órganos de fiscalización superior.

11. Incorporar al trabajo del órgano de fiscalización en todas sus etapas el enfoque de investiga- ción para la detección de redes de corrupción.

12. Transparentar la gestión de la unidad de investigación y substanciación de las faltas adminis- trativas detectadas.

13. Informar detalladamente sobre la situación legal que guardan las denuncias que presenta ante las Fiscalías General de la República o Generales en las entidades federativas, su resultado y las acciones legales que ha realizado el órgano fiscalizador con motivo de dichos resultados.

14. Asegurar que los daños patrimoniales detectados estén sustentados, que tengan un segui- miento efectivo y que se informe al Congreso sobre la situación que guardan los créditos fiscales constituidos por dichos daños.

15. El trabajo de fiscalización debe estar estrechamente vinculado al de los órganos legislativos, tanto para corregir los problemas de política pública que las auditorías revelan, como para evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detectan problemas de corrupción.

 

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