Una democracia comienza a deteriorarse cuando quienes gobiernan dejan de distinguir entre lo urgente y lo importante, esto ocurre cuando los problemas públicos son sustituidos por propaganda, comunicación política y narrativas destinadas a administrar la percepción de la realidad; en lugar de generar bienestar, se busca convencer a la población de que todo marcha bien, aunque se caiga a pedazos.

México parece avanzar peligrosamente en esa dirección, mientras el debate público se concentra en el Mundial de Futbol 2026, espectáculos masivos y discursos de éxito nacional, millones de personas enfrentan problemas estructurales que siguen sin resolverse. Si consideramos lo que la población necesita, las prioridades están invertidas, acorde a lo que el gobierno atiende, y la distancia entre gobernantes y gobernados es cada vez mayor.

El problema no es el Mundial, es que un evento privado recibe más atención política, mediática y presupuestal –del gobierno- que la inseguridad, las desapariciones, la crisis de salud, el rezago educativo o la corrupción.

Foto: Presidencia / Gobierno de México.

Hoy el país enfrenta miles de homicidios al año, más de cien mil personas desaparecidas acumuladas, hospitales con carencias de medicamentos y especialistas, así como escuelas con infraestructura deficiente, rezagos de aprendizaje y pocas oportunidades para el desarrollo docente, desde prescolar hasta universidad; sin embargo, estos temas suelen quedar relegados frente al espectáculo y la coyuntura mediática, así lo prefiere el gobierno.

Contrario a lo que se cree, la democracia no fracasa primero en la Presidencia de la República; fracasa primero en los gobiernos locales. Los casos recientes derivados del Operativo Enjambre, así como múltiples investigaciones contra alcaldes y funcionarios por corrupción, abuso de autoridad o presuntos vínculos con grupos criminales, muestran una realidad preocupante: la captura de espacios públicos por intereses ajenos al bienestar de la población. Cada vez que una autoridad utiliza el CARGO para beneficio personal o para ejercer control sobre la ciudadanía, se debilita la confianza en las instituciones y se erosiona la legitimidad democrática.

Otro fenómeno preocupante es la normalización de conductas autoritarias, resulta alarmante escuchar declaraciones donde se plantea que la ciudadanía debe obedecer antes que participar, o donde se pide a la población modificar su vida cotidiana para favorecer eventos internacionales o intereses políticos. Estas son expresiones que reflejan una visión vertical del poder, donde el gobierno deja de servir a la ciudadanía y espera que la ciudadanía se adapte al gobierno; cuando en una democracia, el gobierno sirve a la sociedad.

A nivel municipal estas prácticas suelen manifestarse mediante decisiones discrecionales, persecución de críticos, opacidad o concentración de decisiones en unas cuantas personas, el problema no es únicamente el acto en sí, sino que estas conductas comienzan a verse como normales, pues son los alcaldes, regidores, diputados, gobernadores quienes las ejercen.

La democracia no se define únicamente por la existencia de elecciones, requiere instituciones fuertes, rendición de cuentas, división de poderes, participación ciudadana y capacidad para generar bienestar, todo en forma efectiva, real, tangible, cuando estas condiciones son sustituidas por propaganda, control narrativo y campañas permanentes, aparecen rasgos propios de sistemas cada vez más alejados de la democracia.

La diferencia es simple: en una democracia la legitimidad se construye resolviendo problemas; en los regímenes con tendencias autoritarias, la legitimidad se construye controlando la percepción sobre esos problemas. Por eso, el verdadero riesgo no es solamente la corrupción, la inseguridad o el abuso de autoridad. El riesgo es que la sociedad termine por normalizarlos.

Las democracias fuertes construyen instituciones, ciudadanía, gobernanza y bienestar, las democracias débiles construyen narrativas, y en este contexto, la pregunta ya no es si México celebra elecciones, la pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse una democracia que dedica más energía al espectáculo que a resolver las necesidades de su población.