Alcaldes de México | 17 de noviembre de 2022.- El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana, con las cuales el gobernador podrá ser sometido a una consulta de revocación de mandato en el 2025.
Foto: Congreso del estado de Nuevo León
Las reformas a diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del estado de Nuevo León, establecen que la consulta popular de revocación de mandato, será solicitada por el ejecutivo del estado y el Congreso local al treinta y tres por ciento de sus integrantes o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del estado o del municipio que corresponda.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental del estado y los municipios, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Cabe destacar que para que las reformas a la Ley de Participación Ciudadana entren en vigor, es necesario que el jefe del ejecutivo estatal no la vete y también que se modifiquen los transitorios que establecen que la figura de revocación de mandato aplicaría hasta el próximo gobernador.
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La reforma, que fue planteada por legisladores del PAN, modifica transitorios de una reforma constitucional, que fue aprobada en diciembre del año pasado, y tendrá vigencia a partir de su publicación en el Periódico Oficial del estado.
Durante el debate, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, llamó “niñas” a las legisladoras de Movimiento Ciudadano y éstas lo acusaron de violencia política de género.
La bancada de Movimiento Ciudadano argumentó que el proyecto se le asignó “de manera sospechosa” al PAN, que impulsó la reforma desde la Comisión de Legislación.
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