La transparencia presupuestaria contribuye a asegurar la rendición de cuentas, mejorar la capacidad de gestión gubernamental y, en última instancia, a ofrecer mejores bienes y servicios públicos a los ciudadanos, aseguraron los especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Por ello, es fundamental que las administraciones estatales cumplan con las disposiciones en la materia.

Alcaldes de México | 28 de julio de 2023.

 

Foto: Revista Mercado.

El Imco elabora el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), el cual evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales.

Los cinco resultados principales de la edición 2023 del BIPE, señaló el organismo, son:

1. La transparencia presupuestaria retrocedió en 13 estados entre 2022 y 2023.

Si bien en los últimos 15 años la calificación promedio del BIPE aumentó de 53 por ciento a 93 por ciento, en los últimos dos años la transparencia presupuestaria se ha estancado, y en esta edición retrocedió en 13 estados, entre los cuales Zacatecas (-11%) y Sonora (-19%) presentan las mayores caídas. Los tres estados con calificaciones más bajas son Guerrero (69.8%), Sonora (76.7%) y Michoacán (78.5%).

Actualmente, solo siete estados tienen una calificación de 100 cien por ciento.

2. La opacidad se concentra en 21 de 116 criterios presupuestales enfocados en información sobre subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos.

El BIPE mide 116 criterios presupuestales organizados en 10 secciones a partir de la información contenida en los presupuestos de cada estado. La sección “Subsidios, Fideicomisos y otros” evalúa el desglose del presupuesto en 21 criterios, que incluye el financiamiento de partidos políticos y programas presupuestales.

Si bien la calificación de estos criterios no depende del cumplimiento de la regulación -sino de la adopción de buenas prácticas-, persiste como el menor nivel de desglose y transparencia del BIPE.

De hecho, 10 estados tienen una calificación igual o menor a 76 por ciento en esta sección.

3. Los cambios de gobierno ponen en riesgo la transparencia presupuestaria.

Para el ejercicio fiscal 2023, siete de las 15 entidades que tuvieron elecciones en 2021 retrocedieron en promedio 6 por ciento en el BIPE.

Los estados con mayor retroceso son Zacatecas y Sonora con una caída de 11 por ciento y 19 por ciento respectivamente. Estos resultados reflejan una falta de continuidad en las políticas públicas y la incapacidad de las nuevas administraciones para aprovechar y construir sobre los avances de las administraciones pasadas.

4. El reporte de la información presupuestal sigue siendo heterogéneo.

Los estados siguen sin adoptar el lenguaje establecido para la elaboración y publicación del presupuesto, a pesar de los esfuerzos realizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) por transparentar y armonizar el reporte de las finanzas públicas. Por ejemplo, los estados publican las asignaciones de los poderes públicos de forma diferenciada y discrecional. Estados como Baja California y el Estado de México publican sus presupuestos con diversas partidas y niveles de desglose.

5. Persisten los presupuestos fantasmas, ilegibles e inconsistentes.

Todos los estados tienen áreas de oportunidad en la publicación de sus presupuestos. Sin embargo, destacan tres malas prácticas:

• La coexistencia de múltiples presupuestos, como Durango que tiene tres presupuestos asignados para el mismo Poder Legislativo, sin especificar cuál es el correcto.
• La existencia de presupuestos fantasmas, en estados como Morelos, donde el anexo transversal para la igualdad de género tiene programas presupuestarios que no tienen un presupuesto asignado para 2023. Esto deja sin recursos programas que incluyen la protección de derechos humanos, diversidad sexual, inclusión de jóvenes y educación.
• La publicación de presupuestos ilegibles, como en Zacatecas, donde los anexos del presupuesto cuentan con 50 páginas imposibles de leer, lo que obstaculiza conocer los salarios de los servidores públicos del estado.

El BIPE contribuye a la adopción de un lenguaje único para el reporte y acceso de la información presupuestaria. La existencia de reportes homologados y públicos de la información presupuestal permite conocer las prioridades y distribución del gasto de los gobiernos locales. A su vez, la transparencia presupuestal permite conocer y eliminar las malas prácticas de las entidades federativas.

La transparencia en las finanzas públicas no es una tarea sencilla; los estados tienen varios retos por delante para lograr una efectiva rendición de cuentas. En pleno siglo XXI, con la tecnología digital disponible, los estados pueden hacerlo mejor.

Por ello, el IMCO propone:

• Reformar el marco normativo presupuestal en cada entidad federativa para incorporar las mejores prácticas internacionales en materia de reporte de información, contabilidad gubernamental y transparencia presupuestaria.
• Establecer unidades de evaluación que vinculen los resultados del desempeño con la asignación de recursos en el siguiente ejercicio fiscal. De esta forma se incentiva la eficiencia y la mejora continua en la asignación de los recursos públicos.
• Implementar un servicio civil de carrera en las secretarías de administración y finanzas de las entidades federativas que disminuya el riesgo de interrumpir las curvas de aprendizaje en transparencia presupuestal.

 

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