Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México

Por Isaías Ocampo

Alcaldes de México | 11 de mayo de 2021.- Con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se pretende crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con los datos biométricos de las personas, más que combatir los delitos, se pone en riesgo a los usuarios y se viola la privacidad de los individuos, coincidieron expertos en el foro “Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México” de la organización Causa en Común.

Con México en el lugar 121 de 128 países en el ranking que mide la ausencia de corrupción en el gobierno, del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020, y sin protocolos claros, control y vigilancia de cómo se usan los datos personales y sin sistemas anticorrupción que garantizaran su correcto aprovechamiento, la medida legislativa se torna peligrosa y sólo pretende invadir la esfera de la privacidad, señaló Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX.

“El problema es que el Gobierno nos ha dado señales de que a ellos no los limita la constitución ni las leyes; no tienen empacho en presionar al Poder Judicial o las instancias de inteligencia financiera para temas electorales”, consideró el experto.

Señaló que la reforma es un “clarísimo ejemplo del populismo legislativo, que quiere decir que los legisladores no atacan el problema integral, sino que quieren mandar un mensaje de que están preocupados por la seguridad. El populismo legislativo no tiene un entendimiento integral del problema, nosotros hemos insistido que si queremos resolver estos problemas tenemos que ver la seguridad y la justicia como algo unido”.

Por su parte, Luis Pérez de Ancha, experto en Derecho Constitucional, expuso que el tema de los derechos humanos ha ido perdiendo terreno ante la actividad gubernamental, como ha pasado en países como Estados Unidos, donde las medidas de protección contra el terrorismo han avasallado los derechos humanos, incluyendo ahí temas como los datos personales y la seguridad e intimidad de las personas.

Ante este panorama, Pérez de Ancha consideró que “hay que dar un primer paso en un esfuerzo colectivo de protección de datos, no podemos bajar la guardia y que venga otro embate sobre la privacidad, nunca es tarde, más tarde será si dejamos pasar esto sin reaccionar”.

Señaló que ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), están presentando recursos de apelación contra esta reforma, pero es importante recurrir a recursos colectivos como el amparo para frenar la entrega de datos biométricos al Gobierno.

En su oportunidad, Jorge Fernando Negrete, experto en Derecho Digital y Telecomunicaciones, dijo que, ante la incertidumbre y desconfianza, la reforma sólo acelerará la “transformación digital de la delincuencia organizada”, porque estimulará el mercado negro de toneladas de tarjetas SIM, además de provocar la desconexión de entre 20 y 30 millones de usuarios.

Dijo que, además, para proteger los datos personales no se puede escatimar en recursos, “por cada 100 mil personas en una base de datos se deben invertir diez millones de dólares para garantizar una plataforma de ciberseguridad”, por lo que, para los 120 millones de usuarios de telefonía celular en México, se necesitarían mil millones de dólares.

En su oportunidad, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que los legisladores “nunca entendieron o no visualizaron que, en lugar de ser una iniciativa pro seguridad, va a facilitar la inseguridad, porque ningún criminal va a dar sus datos, van a comprar otra tarjeta SIM en otro lado o apuntar con una pistola para que salga con los datos de otra persona”.

Dijo, además, que es una ley que criminaliza a los usuarios, al señalarlos como sospechosos de alguna actividad de extorsión, por lo que consideró que al no registrar los datos biométricos, el ciudadano “no está bloqueando una iniciativa de seguridad, porque si no se controlan las cárceles de donde salen las extorsiones, imagínense un padrón de 120 millones de celulares”.

 

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