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¿Qué Cambia con la Reforma Político Electoral?

A partir de la promulgación de la reforma político-electoral por el presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto, el pasado 31 de enero, se suscitaron una serie de dudas entre la ciudadanía, que se pregunta cómo operará el renovado sistema electoral nacional, comenzando por la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Estas dudas abarcan desde la nuevas regulaciones bajo las que se promocionarán, organizarán y realizarán las elecciones a nivel federal y local, hasta la forma en que se resolverán los conflictos postelectorales; se agrega a los cuestionamientos el tema de la reelección, que es uno de los grandes cambios que suscitan mayor interés.

Se entiende que esta reforma política, —cuyo objetivo es actualizar la normatividad del sistema electoral mexicano para estar acorde con la evolución y transformación de la política nacional, al tiempo de responder a los retos sociales de nuestros tiempos—, se presenta en el contexto general de una crisis de representatividad, caracterizada por altos índices de abstención y apatía ciudadana por las cuestiones políticas y electorales.

Estas circunstancias muestran la fundamental importancia de fortalecer los lazos entre la sociedad civil y la sociedad política institucionalizada para robustecer la democracia, evidentemente una de las herramientas más efectivas para lograrlo es la comunicación.

Ante este replanteamiento legislativo histórico de las reglas político-electorales, tanto el INE como los partidos políticos y las organizaciones civiles están obligadas a diseñar acciones y campañas que contribuyan a la difusión de información veraz, útil y oportuna entre el electorado, para cumplir así con una de sus principales responsabilidades sociales: sumarse a las acciones y procesos de la construcción de la democracia a través del impulso de la participación ciudadana y de la promoción del voto.

Debemos considerar que si bien el INE aún no cuenta con reglamentos que nos permitan conocer a detalle las áreas responsables de la promoción del voto, al igual que lo hacía su predecesor, el IFE, a través de la ex Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica(DECEyEC), el INE tendrá entre sus atribuciones promocionar el voto y difundir la educación cívica y la cultura democrática a nivel nacional. Tal como se decía, esta relevante tarea será compartida por partidos políticos y organizaciones civiles interesadas en la formación de ciudadanos democráticos y participativos, de acuerdo con la ley.

El recuento de los cambios.
Entre las modificaciones que contempla la reforma en materia político electoral, destacan la creación del INE, que no organizará todas las elecciones, sino que se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los órganos estatales para las locales, aunque a petición expresa de alguna entidad, podrá organizar los comicios,o atraerlos cuando considere que pueda existir inequidad.

También, los nuevos ordenamientos prevén retirar el control de los congresos estatales sobre los institutos electorales, así como el número de sus consejeros, que serán nombrados por el INE, se homologará a siete en todos los casos y la reelección para alcaldes, diputados locales y federales podrá extenderse hasta por cuatro periodos (12 años); la de los senadores por dos periodos, siempre y cuando continúen en el mismo partido.

Es importante señalar que las reformas constitucionales sólo podrán llevarse a la práctica luego de modificar y adicionar diversas leyes secundarias que avalen el Congreso de la Unión.

Entre los ordenamientos que cambiarán están:

1. La Ley general que regulará los partidos políticos nacionales y locales; 2. La Ley general que regulará los procedimientos electorales, 3. La Ley general en materia de delitos electorales, así como 4. La ley que reglamentará el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, de la que se desprenderán las normas a las que deberán ceñirse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, para garantizar que el gasto en comunicación respete las condiciones y los topes presupuestales establecidos.

Si bien habrá que esperar a conocer los cambios específicos que se derivarán de dichas modificaciones a las leyes secundarias, lo cierto es que el foco inmediato para el INE tanto como para las organizaciones políticas y sociales debe centrarse, como ya adelantábamos, en explicar a la ciudadanía las variaciones de las nuevas leyes que rigen al sistema político-electoral, pero sobre todo, a promover y reafirmar la importancia del voto, dando a conocer su significado, características, utilidad y valor como instrumento político de los ciudadanos.

Hay que tener claro que la participación política ciudadana se hace realidad a partir de acciones sencillas que requieren del interés y la intervención de los votantes, que para abonar a la democracia y el fortalecimiento institucional, deben ser impulsadas y orientadas desde los organismos formales, a través de herramientas de comunicación, diseñadas ex profeso para ejercer una pedagogía política efectiva, como lo pueden ser las campañas informativas.

Para dimensionar este reto, un dato relevante son los recursos que se destinarán en medios de comunicación electrónicos al INE ya de acuerdo a la reforma reciente, le será asignado, de entrada, 12 por ciento del total que el Estado dispone para radio y televisión, dos de los medios de mayor penetración en la población. Este porcentaje, a su vez deberá ser dividido en dos: una mitad para ser repartida equitativamente entre partidos políticos y la otra para fines propios del INE —tanto federal como localmente—, entre los que desatacan, claro está, las campañas de promoción de la participación ciudadana y de orientación sobre los procesos.

A lo anterior le debemos sumar los recursos en medios impresos y a través de Internet, además de manuales y folletería de todo tipo, dirigida a diferentes públicos, como jóvenes o adultos de la tercera edad, y además regionalizada. Por lo anterior, podemos concluir que seremos testigosde un gran despliegue en todos los medios de comunicación tradicionales o en otros como las redes sociales Facebook y Twitter, productos mediáticos que formarán parte de esta campaña informativa multiplataforma.

Finalmente, la efectividad de las campañas residirá en que contengan y transmitan de manera efectiva los mensajes y principios básicos del fomento de la participación ciudadana en los procesos electorales, el fortalecimiento de los valores, prácticas e instituciones de la democracia; que la promoción del voto sea imparcial, clara, equitativa y respetuosa de las características del voto, mismo que debe ser libre, universal, secreto, directo, personal e intransferible y buscará que sea razonado e informado, tal como lo señala la ley.

Recordemos que más allá de las dudas sobre procedimientos que serán evaluados y discutidos por los legisladores, no debemos perder de vista que el objetivo final de esta adecuación a la Carta Magna es el diseño de herramientas y procedimientos que garanticen equidad, y que resulten en la construcción de un México más participativo y democrático.

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