Hace unos días surgió una noticia a nivel nacional, que es sin duda histórica: por primera vez, personas privadas de su libertad, tanto en prisión preventiva como en condena, podrán tramitar credenciales de elector directamente desde los penales.

Por mandato del Tribunal Electoral y mediante lineamientos aprobados por el INE, se busca trasladar del anonimato a los internos, regresándoles su identidad, nombre y reconocimiento ciudadano por el Estado.

Foto: TEPJF.

Más allá del gesto simbólico, esta medida plantea dilemas y advertencias que se pueden traducir en preguntas como: ¿afianza la democracia o la debilita? ¿Restituye derechos o abre grietas en la legitimidad del régimen? Mi conclusión es que, sin las condiciones institucionales y democráticas adecuadas de un régimen sustantivo, esta iniciativa puede erosionar más que fortalecer, aquí el por qué:

1. Ciudadanía parcial y derechos suspendidos: La Constitución ya consagra que las personas sentenciadas pierden ciertos derechos políticos como el voto e identidad ciudadana -credencial de elector-; en la práctica, cuando alguien cumple una sentencia, sus derechos como ciudadano activo se suspenden; por eso, el INE ha establecido que quienes están cumpliendo condena recibirán credencial únicamente como identificación, con sus derechos políticos -como el voto- suspendidos en el padrón, esto significa que, aunque tengan credencial, no podrán votar: su inclusión es simbólica, no efectiva. Tal apertura parcial refleja una contradicción reconocer identidad sin reconocer la participación política plena, lo que abre una grieta entre ciudadano y sujeto político, ampliando la brecha de desigualdad de derechos y la posibilidad de fraudes electorales como el llenado de urnas.
2. ¿Democratizar o maquillar la democracia?: Cuando un régimen democrático es débil, con instituciones permeables, prácticas clientelares latentes y estado de derecho frágil; las medidas bienintencionadas corren el riesgo de ser instrumentalizadas por lo electoral, así, dar credencial a personas privadas de su libertad  puede servir para aparentar inclusividad mientras no se cambia la estructura profunda, el control de los procesos electorales, la vigilancia sobre la transparencia -cuya institución desapareció-, la voluntad política real de atender desigualdades estructurales es solo discurso vacío. Si no se acompañan reformas profundas —mejora institucional, Estado de derecho robusto, cultura política y supervisión ciudadana—, esta medida puede transformarse en un artilugio retórico, en momento para la foto electoral dentro de rejas, en simulacro más que en reparación democrática.
3. Vulnerabilidad estructural y manipulación: Dentro del sistema penitenciario, las personas recluidas están en condiciones especiales de dependencia: control del entorno, limitación de información, presión institucional y falta de autonomía -sin mencionar las problemáticas internas de corrupción y poder-. En ese contexto, la emisión de credenciales puede exponer a los internos a manipulaciones políticas, mafias internas, compra de voluntades o coerción indirecta, un voto ejercido bajo estas condiciones pierde fuerza como acto libre y voluntario. Si el interno depende de autoridades penitenciarias para acceder al trámite o se encuentra expuesto a incentivos o amenazas, la soberanía de su decisión queda comprometida.
4. Riesgo de legitimar regímenes débiles o autoritarios: Cuando un régimen se enfrenta a la crisis de legitimidad —por corrupción, impunidad, exclusión—, puede usar mecanismos simbólicos para disfrazar apertura democrática -ruedas de prensa, consultas populares, sondeos de opinión, transferencias de recursos en efectivo o especie, entre otros-, que las personas en prisión tengan credencial podría ser presentado como avance humanitario y democrático, mientras las deficiencias estructurales (falta de justicia, desigualdad, violencia institucional, desempleo y precariedad laboral) permanecen intactas. Así, en lugar de ser una medida que impulse la calidad democrática, podría funcionar como un maquillaje institucional que desvía la atención de los problemas reales: delegar credenciales sin recuperar institucionalidad es una operación cosmética.
5. Oportunidad, no peligro inevitable: No obstante, esta política no tiene que ser un error, al realizarse con cautela, propósito y acompañamiento estructural hacia la mejora del sistema, puede servir para vida a voces que fueron censuradas; algunos pasos mínimos para convertir esta medida en una verdadera contribución a la democracia son:
6. Protocolos estrictos para garantizar la libertad del voto, sin presión ni coacción.
7. Acompañamiento informativo y educativo dentro del penal: debates, información imparcial, vigilancia externa.
8. Supervisión independiente —por organismos ciudadanos, organismos de derechos humanos— del proceso de credencialización en cárceles.
9. Evaluación continua de los efectos: ¿cuántos ejercen el voto? ¿qué obstáculos internos enfrentaron?
10. Reflexión sobre la extensión plena de derechos una vez cumplida la sentencia, como parte real de reinserción política y social.

Convertir el penal en módulo electoral puede ser una medida de justicia; pero sin condiciones democráticas sólidas, puede convertirse en artificio institucional hacia el autoritarismo, porque la democracia no se fortalece solo con inclusión simbólica ni cantidad de votos, sino con derechos efectivos, instituciones confiables y ciudadanos verdaderamente libres.

Así como pedimos dignidad para quienes están privados de la libertad, debemos exigir que esa dignidad no quede en la forma y discurso, sino que se traduzca en política pública real: no basta con entregar credencial, hay que garantizar que la identidad sea puerta de participación, no mero testigo en la pared del régimen.

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