La participación de México en espacios como la Cumbre de la Democracia coloca al país en una narrativa internacional de compromiso democrático, sin embargo, cuando se contrastan estos posicionamientos con los indicadores globales y las mediciones internas, lo que aparece no es una democracia consolidada, sino un sistema con avances formales y retrocesos estructurales fuertes.

México, no es en esencia una dictadura, pero tampoco es una democracia plena, de hecho se ubica en una zona intermedia, cada vez más frágil y cercana a los gobiernos autoritarios, donde conviven elecciones competitivas con debilidad institucional, baja calidad del Estado de derecho, altos índices de violencia y prácticas políticas que erosionan el régimen y la calidad de vida.

Los datos internacionales son consistentes en señalar esta condición híbrida:

El índice de democracia de The Economist, ubica a México con 5.32 puntos en 2024, en una escala de 0 a 10, lo que lo coloca como una democracia débil o defectuosa, en rankings globales, México se ha ubicado alrededor del lugar 90 de 167 países, lejos de las democracias consolidadas.

Foto: Cámara de Diputados.

Organismos como Freedom House lo clasifican como parcialmente libre (58/100), señalando problemas graves en el Estado de derecho y las libertades civiles, a nivel global, además, el contexto tampoco ayuda: Solo 45% de la población mundial vive en democracia, mientras casi 40% vive bajo regímenes autoritarios, el restante son los regímenes híbridos.

Esto es clave: México no solo enfrenta problemas internos, sino que forma parte de una tendencia global de retroceso democrático y fortalecimiento de prácticas autoritarias que tienen lugar desde 2015.

El problema es de fondo, la caída en componentes clave de la democracia, que para el caso mexicano, estos son:

• Bajo desempeño en Estado de derecho, considerado el componente más débil.
• Retrocesos en libertades civiles, independencia judicial y libertad de prensa desde 2019 (aunque la liberación de los cargos de jueces  y magistrados es un acto democrático mediante las elecciones, en la práctica después de la reforma, estos responden directamente al representante del ejecutivo federal, lo que resta autonomía a quien debería ser contrapeso).
• Caída en índices de democracia liberal (0.251 en 2024), lo que refleja menor control al poder.
• Disminución en participación efectiva (índice participativo pasó de 0.387 a 0.345).

Aunque estos resultados parecen ligeros, el problema es más amplio, ya que las evaluaciones estimativas son en una escala 0 a 10. Es decir, una democracia no se trata sólo de elecciones, sino que los componentes sustantivos de la democracia se están debilitando, entre estos el acceso. El respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el Estado de derecho y la separación de poderes -contrapesos-. Elecciones libres, justas y periódicas. Pluralismo político para la competencia real -menos demagogia, mas resultados-. Control ciudadano, transparencia y rendición de cuentas. Libertad de expresión y prensa. Igualdad y justicia social.

Foto: INE.

Esto significa que México vive una crisis democrática, lo que es igual a una crisis en su sistema, y no es solo federal, es transversal y territorial:

• A nivel federal: Se observa concentración de poder, debilitamiento de contrapesos y mayor control político sobre decisiones estratégicas. Esto reduce la capacidad del sistema para equilibrarse a sí mismo.
• A nivel estatal: Los estados presentan fuertes desigualdades. Algunos operan con lógicas cerradas, con baja competencia real, captura de instituciones y uso político de recursos públicos.
• A nivel municipal: Aquí es donde la democracia muestra su mayor fragilidad, la baja capacidad institucional, dependencia financiera de estados y federación, captura por grupos políticos o criminales, ausencia de profesionalización administrativa. El municipio, que debería ser el espacio más cercano a la ciudadanía, es el elemento más débil del gobierno y con esto se genera un efecto acumulativo: si la democracia no funciona en lo local, no puede sostenerse en lo nacional.

Los datos lo confirman: México mantiene elecciones competitivas a partir de la segunda mitad de la década de 1990 -con participación cercana al 60% en 2024-, pero con problemas estructurales como violencia política y desigualdad en condiciones de competencia. Esto refleja una paradoja: Hay democracia para elegir, pero no necesariamente para gobernar.

Por otro lado, a partir del 2012, los partidos políticos dejaron de ofrecer proyectos y candidatos aptos para gobernar, lo que nos habla de otra falla en la democracia: tenemos candidatos capaces de participar en una elección -no de ganar-, pero incapaces de hacer gobernanza.

La incapacidad de los gobiernos —en los tres niveles— para traducir el voto en resultados concretos (seguridad, justicia, desarrollo, servicios) genera un vacío que se llena con:

• control narrativo
• polarización política
• debilitamiento institucional
• centralización de decisiones.

Estas prácticas son consistentes con regímenes que, sin abandonar la forma democrática, se acercan funcionalmente al autoritarismo.

A nivel nacional, mediciones como el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) han mostrado históricamente una característica clave: México no es una sola democracia, sino muchas democracias y todas desiguales. Aunque los datos varían por año, la tendencia critica:

• entidades con mayor desarrollo institucional presentan mejores niveles de democracia -son pocos casos-,
• estados con debilidad institucional muestran rezagos en derechos, participación y gobernanza -mayoría de entidades-,
• los municipios concentran las mayores brechas.

Esto confirma que la democracia mexicana no solo es débil, sino profundamente desigual en su funcionamiento territorial.

México participa en la conversación global sobre democracia, pero su realidad interna muestra un sistema que:

• mantiene elecciones, pero debilita instituciones,
• reconoce derechos, pero no los garantiza plenamente,
• compite políticamente, pero gobierna con baja eficacia.

Los resultados de las mediciones, cuya base es cómo funciona el régimen y su capacidad para generar bienestar a su población -no a países vecinos- coincide en un punto:
México no ha dejado de ser una democracia, pero sí está lejos de consolidarse como una democracia de calidad.

El riesgo no es una ruptura abrupta, sino algo más complejo y silencioso:
una democracia que se vacía desde dentro, que funciona en lo formal a través de lo administrativo y burocrático, pero falla en lo sustantivo.

El riesgo México no es pasar de la democracia al autoritarismo de golpe, sino deslizarse gradualmente hacia esa zona intermedia donde las instituciones existen, pero no funcionan, el problema es que estamos muy cerca de eso, y ese deterioro no solo depende de la presidencia, también de los estados, de los municipios, del poder legislativo -locales y federal- y del judicial, porque si uno de ellos no funciona, hay crisis, pero si ninguno funciona hay un Estado fallido.

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