ABC para nuevas administraciones públicas

Alcaldes de México | 17 de junio de 2021.- México se encuentra en la antesala del arribo al poder de nuevos gobiernos estatales y municipales, lo que resalta la importancia de que las administraciones locales estén al día en el cumplimiento normativo para evitar actos de corrupción, un tema que fue expuesto en el seminario web “Compliance para Gobiernos Locales: ABC para nuevas administraciones públicas”.

En el encuentro virtual, organizado por Alcaldes de México y el despacho de abogados Martínez Ocampo & Chávez Vaca, expertos en la materia expusieron el contexto jurídico en el que llegan las nuevas administraciones y cómo implementar programas normativos para evitar actos o acusaciones de corrupción.

LA EXPERIENCIA DE TLAJOMULCO

El municipio de Tlajomulco, Jalisco, sufrió en el pasado de una gran división entre gobierno y ciudadanía, pero, a partir de 2010, el Gobierno municipal comenzó a poner en el centro de las decisiones a la ciudadanía, aseguró el presidente municipal reelecto Salvador Zamora Zamora.

“En Tlajomulco las políticas públicas transparentes, claras y abiertas son posibles gracias a la participación de actores clave, principalmente ciudadanos”, comentó el edil.

Este municipio del sur de Jalisco, y que forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ha sido reconocido como el más transparente a nivel nacional, gracias a la implementación de un reglamento de transparencia con 19 instrumentos de participación ciudadana, uno de ellos es el establecimiento de consejos sociales como espacios locales de participación ciudadana, explicó Salvador Zamora.

También destacan mecanismos como la participación ciudadana en la ratificación del mandato, el presupuesto participativo, acciones sociales para el mejoramiento de barrios y rescate de espacios públicos y espacios de paz, así como la instalación del primer Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

El presidente municipal electo detalló que, además, Tlajomulco se ha enfocado en la mejora regulatoria, logrando pasar de trámites que se completaban hasta en 200 días a 19 en promedio; la mete es llegar a 7 días en promedio y espera sea cumplido dicho objetivo antes de finalizar este periodo administrativo que concluye en septiembre de este año.

“Uno de los objetivos fue ser el municipio más transparente de México y tenemos ese compromiso institucional hacia la integridad, con planes y políticas que buscan derribar la corrupción y tener funcionarios más capacitados y profesionales en la atención y función pública”, señaló.

Agregó que “la ejecución y consolidación de esta agenda se hará siempre con apertura y colaboración de la sociedad civil, porque la ciudad que queremos se construye para todas las personas y tomando decisiones del lado de la gente”.

EL FUNCIONARIO, ¿ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO UNO?

Cuando una administración pública carece de un programa de ‘compliance’ o cumplimiento normativo, el servidor público podría caer en delitos que ameritarían prisión preventiva y ser señalado como enemigo del estado, pues así se encuentra en el Artículo 19 constitucional al señalar a la corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, como acreedor a prisión preventiva oficiosa, delito que además no prescribe.

“La prisión preventiva oficiosa atendería al derecho penal del enemigo, donde todos se vuelven enemigos del estado, aunque el hecho de estar en prisión preventiva no significa que haya una pena, es tan mala que en el momento de la pena se resta el tiempo que pasó el individuo en prisión preventiva”, explicó Marco Chávez Vaca, socio del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca.

El experto consideró que los legisladores que aprobaron la reforma al Artículo 19 constitucional en 2019, cometieron una equivocación pues eliminaron la presunción de inocencia como un derecho establecido en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para regresar al sistema inquisitivo mixto, donde se vivía con presunción de culpabilidad. “Esto no coadyuba en nada a la rendición de cuentas y se vuelve una cacería de brujas que no abona al estado de derecho y paz social”, aseveró.

Lo que debe importarle al sistema de justica, explica Chávez Vaca, es esclarecer los hechos, proteger al inocente, eliminar la impunidad y reparar el daño, como lo señala el Artículo 20 constitucional.

“Por supuesto que se debe sancionar a los servidores públicos que atenten contra el erario público, que se sancionen los delitos, el problema es la criminalización de las personas sin un juicio justo, debe haber una de prevención que no sea la prisión preventiva”, consideró.

UN MODELO EFICAZ DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Héctor Contreras, Abogado Senior en Martínez Ocampo & Chávez Vaca, explica que las nuevas administraciones deben atender ciertos parámetros de transparencia, inclusión y participación ciudadana. Además, poner atención a dos cosas: que el servidor público es una profesión de alto riesgo, porque “eres un servidor público que cumple o se te aplica el derecho penal del enemigo”.

Una gran estrategia es contar con un programa de “compliance” o cumplimiento normativo, que ayude a identificar y gestionar riesgos en los procesos críticos, los trámites, presupuestos y el ejercicio de funciones, desde lo más alto de la pirámide de gobierno hacia abajo.

“Establecer programas de cumplimiento normativo debe ser totalmente transversal, multidisciplinario y buscar armonizar normas para que todas lleven a un mismo resultado en cuanto al cumplimiento de estándares éticos y de resultados para la ciudadanía”, comentó el abogado.

¿Cómo implementarlo?

Un proyecto de compliance, explica Héctor Contreras, tiene al menos siete etapas: diagnóstico, diseño, capacitación, difusión, implementación, automatización y evaluación.

En el diagnóstico es importante destacar áreas críticas, trámites álgidos o debilidades; tener un diagnóstico preciso de a dónde se quiere dirigir el establecer el cumplimiento normativo, si a los trámites, al presupuesto o la contratación.

Con el diagnóstico previo, se diseñan las políticas, procesos, perfiles que se requerirán para la implementación del programa de ‘compliance’ y se establece la ruta crítica para contar con las autorizaciones y aprobaciones que se requieran conforme al marco normativo del municipio. “Se debe diseñar el programa de cumplimiento para cada municipio, no soluciones preelaboradas, sino buscar la medicina adecuada”.

En la etapa de implementación se deben realizar las políticas de forma paulatina para generar cambios en los procesos críticos de la organización; asimismo, capacitar a los mandos y directivos de la organización para que conozcan las políticas a seguir y se dará la pauta para generar el diseño de sistemas automatizados para la contratación pública y control de expedientes.

Lo anterior alineado con temas de automatización, donde se contempla diseñar un programa informático de ‘compliance’, que permita tener el control, identificación y evaluación de proveedores, así como de contratos de la organización.

La evaluación se aplicará una vez implementado el Programa de Integridad Pública y habiéndose capacitado al personal que tiene a su cargo los procesos críticos, trámites y servicios, entre otros.

Líneas de defensa

Para un programa de cumplimiento normativo se requieren al menos tres líneas de defensa, explica Héctor Contreras, la tercera línea es el fortalecimiento de los órganos internos de control municipales, como lo establecen las mejores prácticas internacionales, por lo cual queda a su cargo la evaluación de la fortaleza del programa de ‘compliance’.

Como segunda línea de defensa está la instauración del oficial de cumplimiento, quien tendrá una función transversal y podrá gestionar el programa con los diversos órganos municipales, pero con una total independencia de éstos, reportando directamente al más alto nivel municipal.

La primera línea es la participación de todos los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía, donde se integra la participación social.

“Un programa de cumplimiento normativo es fundamental como un seguro que les va a dar tranquilidad como servidores públicos, como parte una administración que va a entregar, primero, cuentas claras, segundo dar resultados y, tercero, estar protegidos ante una eventualidad o responsabilidad que se les pueda fincar por un incumplimiento normativo en materia administrativa”, señaló el abogado.

Descarga todas las presentaciones mostradas en el seminario web en los siguientes enlaces:

Presentación de Marco Chávez Vaca

Presentación de Héctor Contreras

Presentación de Jorge Martínez Ocampo

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