Alcaldes de México | 02 de septiembre de 2022.- La falta de consultas a pueblos y comunidades indígenas y la opacidad en la atención de denuncias y sanciones, son riesgos de corrupción latentes en los Proyectos con Impacto Ambiental (PIA).

Foto: El Maya

Dado los grandes intereses económicos que movilizan los proyectos ambientales, así como la complejidad de los procesos de regulación relacionados, los Proyectos con Impacto Ambiental (PIA), son particularmente vulnerables a actos de corrupción.

Por ello, el Laboratorio de Políticas Publicas Ethos, identifica las áreas de riesgo y las medidas para mitigarlas.

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Riesgos en la aprobación y seguimiento de los proyectos

• Falta de consultas a pueblos y comunidades indígenas. Todavía no existe una Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas que regule este tipo de ejercicios. Ante este panorama, resulta fácil para las empresas obviar este requisito e iniciar operaciones sin previo aviso a las comunidades.
• Procesos de participación ciudadana deficientes. El porcentaje de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que han sido alimentadas por procesos de participación ciudadana es ínfimo. Según Ethos, para el periodo 2014-2019, el porcentaje anual promedio de los proyectos que promovieron reuniones públicas no llegó ni al uno por ciento.
• Autoevaluación de impacto ambiental. El proceso de evaluación de la MIA por parte de la Semarnat es meramente documental; no se contempla trabajo de campo para comprobar la veracidad de lo expuesto en la MIA. Por lo tanto, la precisión de lo presentado se sustenta en la declaración bajo protesta de decir la verdad de quienes realizan el estudio.
• Puertas giratorias. El fenómeno conocido como puertas giratorias o pantouflage se refiere al paso de funcionariado público de alto nivel al sector privado y viceversa. Estas situaciones dan pauta a problemas como el uso de información privilegiada, tráfico de influencias o conflicto de interés en la gestión de permisos. En México, se ha identificado al sector energético (petrolero y minero), como uno de los que mayores ventanas de oportunidad presenta para esta práctica.
• Deficiente seguimiento de responsabilidades de mitigación de impacto ambiental. El número de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), a cargo de la vigilancia del impacto ambiental en PIA de competencia federal se ha reducido significativamente desde su punto más alto en 2016 (163 comités, conformados por 2,080 personas y ubicados en 28 estados); para el 2020 (último registro disponible) solo existían 64 CVAP, con 660 integrantes distribuidos en 16 entidades (Profepa, 2021).
• Opacidad en la atención de denuncias y sanciones. Ethos advierte que existe una opacidad sobre la conclusión de las denuncias atendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues no hay información al respecto, es decir, no se sabe si hubo algún tipo de sanción o resarcimiento del daño.
• Recortes presupuestarios a dependencia supervisora. En los últimos dos sexenios, el presupuesto real de la Profepa se redujo a la mitad, pues pasó de mil 513 millones de pesos en 2012, a 750 millones de pesos en 2022.

Recomendaciones

Ante estos riesgos de corrupción en Proyectos con Impacto Ambiental (PIA), Ethos recomienda garantizar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas; fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y la transparencia proactiva; transparentar los procesos de denuncias y sanciones; impulsar la implementación del Acuerdo de Escazú para garantizar los derechos de acceso a la información, justicia y participación en el sector ambiental; destinar recursos suficientes a la Semarnat y Profepa y coordinar esfuerzos en los tres órdenes de gobierno.

 

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