El Senado de la República, considera que las personas de la comunidad LGBT+ que están en prisión no deben perder sus derechos a la educación, la seguridad y al trabajo, por ello la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano propuso impulsar políticas públicas para garantizar sus derechos fundamentales.
Foto: Senado de la República.
Mercado, sostuvo que la guía de incidencia para reducir prácticas discriminatorias hacia las personas LGBT+ privadas de su libertad, puede convertirse en un modelo que ayude a los congresos locales a establecer en la legislación garantías para asegurar el derecho a su reinserción social.
“A nosotros, como legisladores, no nos toca hacer diagnósticos, sino, recoger estos diagnósticos y actuar en términos del marco legislativo, para hacer que funcionen estas políticas con reconocimiento absoluto de los derechos humanos”, comentó la senadora.
Además, se cuenta con el apoyo de la organización civil “CEA Justicia Social”, misma que presentó esta ruta de incidencia, así como el respaldo de la embajada de Canadá.
Azucena Granados, coordinadora de Políticas Públicas de “CEA Justicia Social”, indicó que esta guía tiene como objetivo visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas LGBT+ en su contacto con el Sistema de Justicia Penal.
Marko Popic, director de Seguridad de la embajada de Canadá en México, resaltó que esta iniciativa logrará avances significativos y ayudará a crear un entorno más seguro e inclusivo para las personas LGBT+ privadas de la libertad, sobre todo, de la comunidad transgénero.
Asimismo, a través del Fondo Canadá para iniciativas locales, el gobierno del país une esfuerzos con la sociedad civil, para apoyar propuestas que son relevantes para la protección de los derechos humanos.
Wendy Briceño Zuloaga, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Sonora, mencionó que, en México, de acuerdo con una encuesta de diversidad sexual, cuando se habla de personas gays, lesbianas o bisexuales, a 16 por ciento de sus familiares, les cuesta aceptar su orientación y, en el caso de las personas trans, el porcentaje asciende hasta 22 por ciento.
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