De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el desarrollo nacional no es un acto espontáneo ni debe depender de la improvisación política; está diseñado para fundarse en el sistema nacional de planeación democrática; esto significa que, en teoría, cada acción de los diferentes niveles de gobierno (municipios, estados y federación), la inversión pública, el diseño de políticas sociales, económicas, y culturales, la obra pública, para la población, deben responder a un plan integral, con objetivos claros y medibles.
Sin embargo, la realidad nos muestra otra cara: la planeación suele reducirse a documentos llamados planes de desarrollo, que justifican el gasto, la función de la administración y legitiman decisiones, que, más que ser herramientas e instrumentos que transforman la vida de las personas hacia mejores posibilidades, son solo instrumentos administrativos.
Foto: Archivo.
Como lo dice la constitución, el sistema de planeación democrática debe coadyubar al desarrollo social, económico y cultural del país, entonces, medir la democracia, no puede limitarse al conteo de votos ni a la alternancia en el poder, ya que la misma democracia debe coadyuvar al desarrollo social, político y económico de la población.
Una democracia auténtica debe evaluarse en todos sus niveles de gobierno, a partir de la calidad del régimen, de la capacidad de sus instituciones para ejecutar políticas públicas, funcionar con eficiencia, y con la responsabilidad de quienes representan a la ciudadanía.
Aquí surge una paradoja: si los representantes solo buscan ganar la elección, si los gobiernos municipales improvisan proyectos sin visión de futuro, si los recursos públicos se consumen en gasto corriente, obra y deuda improductiva, la democracia y el Estado se vacían de contenido, dejan de cumplir con su sentido constitucional.
Foto: Gobierno de la CDMX.
Por eso es fundamental mirar los territorios locales, los Municipios y sus delegaciones son la primera ventanilla de contacto entre el Estado y la sociedad, son el espacio donde se siente o padece la democracia en su vida cotidiana y donde se tiene la responsabilidad constitucional a partir de sus funciones, de brindar bienestar.
Entonces, evaluar la calidad y legitimidad del régimen, el acceso a derechos ciudadanos, el acceso calidad de los servicios básicos, de la educación, de la salud, de la generación de empleos, de la eficiencia del estado de derecho, de la seguridad pública, la distribución de agua, la disponibilidad del alumbrado, drenaje, parques y espacios de recreación es medir la distancia real entre lo que la Constitución promete, lo que los representantes hacen y lo que el ciudadano recibe.
Medir la democracia en lo local es incorporar indicadores sobre participación ciudadana, cultura política, gobierno abierto y digital, retorno de inversión del gasto, e incluso la manera en que se definen prioridades en la planeación del desarrollo, porque, ¿de qué sirve un municipio con presupuesto millonario si sus calles permanecen oscuras, si sus escuelas carecen de infraestructura mínima o insumos, como los baños, papelería, internet, o si la inseguridad cancela la vida social? ¿De qué sirve proclamar libertad y democracia si la planeación termina convertida en letra muerta?
Medir la democracia más allá de lo electoral es una obligación constitucional y una necesidad social, solo así la planeación podrá dejar de ser un ejercicio de la administración y de la fachada, para convertirse en herramienta viva que fortalezca la institucionalidad, consolide el Estado de derecho y, sobre todo, eleve la calidad de vida de quienes habitamos el territorio.
La verdadera democracia no se celebra en discursos ni se aplaude en informes: se vive en las calles, en los hogares, en los municipios, en la garantía de derechos y la calidad de vida, cuando no se cumple ahí, no se cumple en ningún lado.
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