Entre septiembre y enero de cada año el Centro Histórico de la Ciudad de México vive un proceso de ocupación del espacio público y el desbordamiento del comercio en vía pública bajo la tolerancia de diversos niveles de gobierno (el de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc).

Ningún programa o propuesta de reordenamiento de la vía pública (espacio público) tendrá buenos resultados si no se limita la liga entre comerciantes, líderes, organizaciones, funcionarios y políticos de los diversos partidos y movimientos.

El comercio en vía pública sostiene la economía de miles de familias y, también, las aspiraciones de decenas de políticos, campañas y procesos electorales.

La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX) planteó el significado del espacio público y garantizó el derecho a su ocupación y su utilización.

Foto: Gobierno de la CDMX.

En el espacio público se ejercen libertades políticas y sociales y se consolidan objetivos (CPCDMX Artículo 13, Apartado D):

“…

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la población

b) Mejorar la calidad de vida de las personas

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.”

Además, la CPCDMX determinó (Artículo 10):

“…

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.”

Este artículo da un alto margen de discrecionalidad a las autoridades para generar “zonas especiales de comercio y de cultura popular”.

Es un país con altos índices de desocupación y falta de empleos bien remunerados, las personas tienen en el comercio informal una oportunidad de obtener ingresos. Eso sucede en la CDMX.

Al inicio de este 2026, el Gobierno de la Ciudad de México informó, después de cuatro meses de la invasión del espacio público por el comercio informal, que “… la meta es concluir el reordenamiento total a mediados de 2026, con la intervención de la Comisión Consultiva para el Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública, organismo instalado en octubre del año anterior para acordar nuevas reglas y preservar el libre tránsito.” (Infobae, 07/01/26).

Además, los diversos gobiernos buscan liberar o “recuperar” la zona central y poniente del Centro Histórico y olvidan la zona norte y oriente donde las concentraciones son más altas y los comerciantes de origen oriental se apoderan de inmuebles y del mismo espacio público.

La intensión del gobierno de la CDMX no difiere de las decenas de propuestas, estrategias y planes que desde hace cuatro décadas se implementan. Los resultados están ahí: el espacio público ocupado indiscriminadamente por el comercio informal. Fue en el gobierno de Dolores Padierna, en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando se incrementó exponencialmente.

El comercio en vía pública tiene diferentes problemáticas:

a) Obstaculiza el espacio público; fortalece la contaminación auditiva, visual y ambiental; promueve la competencia desleal; genera inseguridad y la circulación de mercancía ilegal.

b) Miles de personas trabajadoras padecen explotación y violencia por parte de sus líderes y de las autoridades. Los líderes “ordenan” las zonas y otorgan permisos y derechos (ilegalmente) para la ocupación del espacio público y se vuelven “dueños de la calle”.

c) Es una forma de recaudación discrecional para funcionarios e instituciones de gobierno, y

d) Las personas comerciantes se vuelven ejércitos de movilización política y electoral y de aportación financiera.

e) Algunas organizaciones y líderes tienen relación con grupos de la delincuencia organizada.

¿Es probable romper con ese círculo que liga a la política con el comercio en vía pública? Sí. Las autoridades deben construir esas “zonas especiales” para el comercio en vía pública y autorizar a las personas comerciantes sin la intervención o mediación de las y los líderes.

Si no se rompe el eje, la relación entre poder político y comercio informal, toda intensión para “ordenar” e impedir la ocupación ilegal del espacio público será eso, una buena intensión maquillada para unas semanas.

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