Los gobiernos estatales y municipales al asumir sus nuevas administraciones, se enfrentan a los retos que deben atender derivados de la violencia que algunas zonas del país han sufrido en las últimas semanas.

Foto: IMCO.

Bajo este contexto, estados como Guerrero, se han visto afectados con la decapitación de un presidente municipal en Chilpancingo; 12 asesinatos en Salamanca, Guanajuato; y el asesinato de seis migrantes en Chiapas.

Cabe mencionar que, lo sucedido en Chilpancingo, Guerrero no es la única historia terrorífica de esta administración ni de las anteriores, ya que desde 2002 a 2024 se han registrado al menos 65 magnicidios en el estado. 

¿Cómo fue el panorama durante elecciones antes de que los candidatos llegaran al poder?

De acuerdo con el proyecto Votar Entre Balas de México Evalúa, por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3 por ciento en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales.

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A nivel municipal, 77 por ciento de las víctimas de violencia político-criminal aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno. De las casi 1,400 víctimas registradas por Votar Entre Balas en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías. 

Por partidos políticos, un cuarto de las víctimas era de administraciones de Morena, dado que es el partido que más ayuntamientos ha ganado en las últimas elecciones; sin embargo, si se considera que PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40 por ciento de los ataques. 

Como recomendaciones de política pública, México Evalúa propone acciones como fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales; que se garantice por parte de las autoridades judiciales el puntual seguimiento a la investigación y sanción de los culpables.

Que los partidos políticos asuman su responsabilidad y no postulen candidatos cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad; y que autoridades electorales utilicen los datos disponibles para identificar tendencias y objetivos y se puedan generar planes de prevención y protección.

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