A través de la presentación de una serie de amparos, legisladores locales y federales, así como organizaciones civiles, pusieron un freno la publicación del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la Ciudad de México.
Imagen: Cámara de Diputados.
En días pasados fueron presentadas varias demandas de amparo contra autoridades capitalinas. A partir de ello, el jefe de Gobierno, Martí Batres, decidió retirar el PGD y el PGOT, sin que mediara una discusión abierta, pública y transparente y sin que el Instituto de Planeación cuente con un director general votado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.
“Es muy grave que el Gobierno de la Ciudad de México sin consultas, sin consensos, sin un director general del Instituto de Planeación votado en el Congreso de la Ciudad de México, pretendiera aprobarlo de manera ilegal y con un ‘albazo’ legislativo”, apuntó la senadora Laura Ballesteros.
La legisladora por Movimiento Ciudadano, recordó que el PGD y el PGOT son fundamentales para el futuro de la ciudad, pues marcarán la pauta para su desarrollo urbano en los próximos 20 años.
Al respecto, el diputado por la CDMX de la bancada de MC, Roy Torres, destacó que, al lograr frenar el procedimiento conocido como afirmativa ficta, también se da oportunidad a la comunidad de expresar su visión sobre ambos documentos.
“Se evitó que los documentos propuestos originalmente – que claramente tenían una visión parcial y sesgada de hacia donde debería ir el desarrollo de la ciudad – se aprobaran sin modificaciones; lo que también impide sentar un precedente para próximos gobiernos que podrían usar la afirmativa ficta para otros casos”, dijo Torres.
Una oportunidad para subsanar errores en el PGD y PGOT
La participación de grupos de la sociedad civil fue importante para presentar los amparos que llevaron a la decisión del Gobierno capitalino de retirar ambos documentos de planeación urbana.
En este sentido, integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano en su capítulo de la Ciudad de México impulsaron las demandas de amparo como parte de la estrategia legal para frenar la publicación del PGD y PGOT.
Desde hace algunos meses, dicho Consejo había advertido de los riesgos de que ambos documentos de planeación urbana se publicaran sin que se cumpliera con el proceso necesario de discusión pública; además, expertos como Miguel Meza, Rosalba Loyde, Karina Estévez y Silvana Carranza señalaron errores en los propios documentos.
Las causas que llevaron a los amparos
De acuerdo con los especialistas y representantes de la sociedad civil, las acciones legales que derivaron en que el Gobierno de la CDMX retirara el PGD y el PGOT cumplen con tres objetivos principales que protegen el derecho a la ciudad de habitantes capitalinos.
En primer lugar, busca obligar a las autoridades de la Ciudad de México a reponer el proceso y a llevar la discusión de ambos instrumentos de desarrollo urbano con los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y vecinos de la capital, así como con expertos, fuerzas políticas de oposición y organizaciones civiles.
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También, se exige al Congreso capitalino a que nombre al director general del Instituto de Planeación; así como a los órganos faltantes Consejo Ciudadano, Comité Técnico y Oficina para la Consulta.
Y, en tercer lugar, intenta blindar al PGD y al PGOT de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que durante años han dictado dónde y cómo se hace ciudad en la capital del país, restringiendo los derechos a la movilidad, a un medio ambiente sano, al agua y a la ciudad misma.
Al respecto, la senadora Ballesteros apuntó que es una negligencia de las autoridades capitalinas que desde 2020 y 2021 no se hayan publicado ambos instrumentos de desarrollo y planeación urbana.
“Lo más importante es que se reponga un proceso colectivo que involucre a todas las voces, que se tome en cuenta a todos los territorios y a todas las comunidades”, indicó la legisladora federal.
Agregó, que está estipulado que es el Instituto de Planeación el que debe normar y llevar a la ciudad a un proceso que garantice el derecho a la ciudad.
Ballesteros recordó que el retraso en la publicación del PGD también ha limitado la publicación de otros instrumentos urbanos, como el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, ambos para la capital del país.
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