El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 representa un retroceso para la protección ambiental en México, al proponer el presupuesto más bajo para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 21 años con 1,002 millones de pesos, de acuerdo con la coalición NOSSA.
Foto: Néstor Muñoz Estudillo / Archivo Conanp.
Esto representa una disminución de 3.5 por ciento real respecto al presupuesto aprobado para 2025, lo que ya es significativo. Sin embargo, cuando se considera el presupuesto modificado de la Conanp en el 2025, el golpe presupuestario para el 2026 es en realidad de 12 por ciento, lo que equivale a 138 millones de pesos menos.
Esta drástica reducción se revela en el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2026”, publicado por NOSSA.
De aprobarse en estos términos, señala, las 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, vitales para la captura de carbono, la regulación hídrica y la biodiversidad, quedarían en estado de vulnerabilidad extrema.
El debilitamiento presupuestal no es aislado. Por segundo año consecutivo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reducido el presupuesto del sector ambiental. Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se contempla un recorte real de 4.3 por ciento, equivalente a 1,859 millones de pesos.
De ser aprobado así por la Cámara de Diputados, sería el presupuesto más bajo para la protección ambiental en los últimos seis años.
Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) es una coalición de organizaciones ambientalistas, apartidista y sin fines de lucro. Sus integrantes son Causa Natura (CN), Centro de Colaboración Cívica (CCC), Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y Wildlands Network Programa México.
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Según el informe de la organización, la asignación presupuestal para la Semarnat representa solo 0.6 por ciento del total del gasto federal y tan solo 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras están muy por debajo de 3.7 por ciento que recomienda la CEPAL, e incluso son inferiores a las de países de la OCDE como Costa Rica y Colombia, que destinan 0.4 por ciento y 0.3 por ciento de su PIB, respectivamente.
Esta insuficiencia presupuestaria afectaría directamente a todos sus órganos desconcentrados, entre ellos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Conanp, con una disminución de 1,785 millones de pesos en comparación con 2025, poniendo en riesgo funciones esenciales como la conservación de ecosistemas, el acceso equitativo al agua, la vigilancia ambiental y la procuración de justicia, entre otros. Esta asfixia financiera genera prácticas que contravienen la ley.
En 2024 la Conanp tuvo una recaudación histórica de 341.9 millones de pesos por cobro de derechos, es decir, por concepto de cuotas de entrada en las áreas naturales protegidas (ANP).
Un aspecto positivo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reintegró a la esta Comisión 96 de estos ingresos. Sin embargo, estos recursos no se utilizaron íntegramente para el manejo sustentable de las ANP, como lo establece la Ley Federal de Derechos (LFD), sino para cubrir gastos administrativos como el pago de cuotas a organismos internacionales o pago de servicios generales.
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“Esta práctica que contraviene la ley es síntoma de la escasez de recursos en la Conanp, que se ve obligada a usar los ingresos por cobro de derechos para gastos administrativos, en lugar de invertirlos en acciones directas de conservación en territorio. Urge fortalecer el presupuesto de la Comisión para el cuidado de las ANP, no se puede postergar una vez más”, apuntó Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de NOSSA.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), órgano encargado de la vigilancia y sanción ambiental, también enfrenta un recorte real de 4.8 por ciento en relación con el PEF 2025 (que equivale a 42 millones de pesos).
En el PPEF 2026, el Anexo Transversal 16 (AT16) —dedicado a la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático— a su vez, revela una clara desproporción en la asignación de recursos.
“De aprobarse el PPEF 2026 sin cambios, el Estado mexicano pondría en riesgo la biodiversidad, la justicia ambiental y la resiliencia de millones de personas frente a la emergencia climática. Y, con un presupuesto insuficiente, las áreas naturales protegidas del país serán sólo líneas en un mapa, condenadas a desaparecer”, afirmó Daniel Martín, Coordinador de NOSSA.
Ante este escenario, la coalición NOSSA hace un enérgico llamado a las autoridades a cuidar lo que importa y a situar al ambiente y a las comunidades en el centro de las decisiones sobre el gasto público, a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a un medio ambiente sano.
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