El recorte en el tema de inversión pública que presenta el Presupuesto de Egresos 2024, puede resultar en una menor atracción de empresas que potencialmente busquen trasladar sus operaciones a México desde el extranjero. Esto, en el contexto del fenómeno de nearshoring, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Foto: @SICTmx en “X”.

A pesar de la importancia que tiene la infraestructura pública en la capacidad para atraer y retener talento e inversión, el monto asignado a la inversión pública en 2024 (1.11 billones de pesos) es (-)11.1% menor en términos reales al monto aprobado en 2023 (1.19 billones de pesos).

Al compararlo con los montos ejercidos en años anterioresr, el presupuesto autorizado para el siguiente ejercicio fiscal es (-)38.6% menor, en términos reales, al gasto observado en 2016 (1.80 billones de pesos a precios de 2024).

En el marco de la cobertura del Paquete Económico 2024 y por las implicaciones que este tipo de gasto tiene para la competitividad del país, el IMCO analizó el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2024.

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Este recorte presupuestal con respecto al monto aprobado en 2023 se presenta en un momento crítico, ya que coincide con la tendencia a nivel global de relocalizar las cadenas de valor –fenómeno conocido como nearshoring– y con la necesidad de incrementar la oferta de infraestructura pública productiva en áreas clave como conectividad, electricidad y abastecimiento de agua, señaló el organismo.

Estas dos últimas áreas incluso presentan ajustes a la baja en comparación con el presupuesto aprobado en 2023: el presupuesto para el suministro de energía eléctrica disminuirá (-)18.0% y para el abastecimiento de agua caerá (-)6.3% en términos reales.

¿Cuántos recursos se asignaron a inversión pública en 2024?

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 se autorizó un monto total de inversión por 1.11 billones de pesos, cifra que equivale a una octava parte (12.2%) del gasto neto total aprobado (9.07 billones de pesos) para el ejercicio fiscal.

De este monto, 54.6% (605.5 mil millones de pesos –mmdp–) corresponde a obras públicas (i. e. ferrocarriles, carreteras, hospitales, entre otras), 45.2% (500.5 mmdp) a gastos de capital no relacionados con las obras públicas y el 0.2% (2.4 mmdp) restante a gastos de inversión por recursos otorgados a fideicomisos.

Fuente: IMCO.

Es importante mencionar que no existe una división clara entre las categorías antes mencionadas. Ejemplo de ello son las aportaciones de capital que el Gobierno Federal transfiere a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque estas se contabilizan como gastos de capital no relacionados con las obras públicas, una parte de ellas se ha empleado para financiar infraestructura como la rehabilitación de las refinerías de la petrolera y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

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Por esta razón, a lo largo de esta nota se analiza el monto agregado del gasto de inversión, sin distinguir entre sus componentes.

¿En qué áreas se ejecutará la inversión pública?

En 2024, casi dos quintas partes (37.3%) del gasto total de inversión previsto en el PEF 2024 se destinará al rubro de Petróleo y gas natural, que ejerce Pemex, por un total de 413.1 mmdp. Este incluye una aportación patrimonial de parte del Gobierno Federal por 170.9 mmdp para fortalecer su posición financiera al cubrir parcialmente el pago de las amortizaciones de su deuda y al financiar sus actividades de inversión física.

Foto: @Pemex en “X”.

Al rubro de desarrollo regional, que corresponde a recursos para la ejecución de obra pública que el Gobierno Federal les transfiere a las entidades federativas y los municipios vía el Ramo 33 (aportaciones federales) –especialmente a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que atiende a la población más vulnerable– le corresponden 238.9 mmdp, lo que representa una quinta parte (21.6%) de la inversión aprobada.

Finalmente, los rubros de Transporte por ferrocarril (132.9 mmdp) –solo el Tren Maya recibirá 120 mmdp–, Electricidad –a cargo de la Comisión Federal de Electricidad– (76.0 mmdp), Transporte por carretera (52.9 mmdp) y Prestación de servicios de salud (33.1 mmdp) concentran el 26.6% de la inversión. El 14.5% (159.8 mmdp) restante se distribuye en otros 41 rubros.

¿Qué entidades federativas se beneficiarán de estas inversiones?

En línea con la estrategia del Gobierno Federal de impulsar programas y proyectos de inversión en el sur-sureste, ocho de las 10 entidades que más inversión pública recibirán en 2024 pertenecen a esta región del país: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán concentrarán casi la mitad (44.9%) del presupuesto destinado a este concepto.

Fuente: IMCO.

Tabasco y Campeche, principales estados beneficiarios de la inversión en el sector petrolero por parte de Pemex, recibirán una quinta parte (18.5%) de la inversión: 141.1 mmdp y 63.6 mmdp, respectivamente. Yucatán obtendrá 130.3 mmdp (11.8%), los cuales se destinarán en su mayoría a la construcción del Tren Maya. Por otra parte, los estados de Oaxaca (43.0 mmdp) –17.1 mmdp corresponden al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec–, Veracruz (42.8 mmdp), Chiapas (34.5 mmdp), Guerrero (23.7 mmdp) y Puebla (18.9 mmdp) concentran 14.7%.

Las otras 24 entidades federativas acumulan el 50.7% (561.7 mmdp) restante, entre las que destacan la Ciudad de México (320.6 mmdp) y el Estado de México (38.5 mmdp).

Inversión pública y nearshoring

A pesar de la importancia que tiene la infraestructura pública en la capacidad del país para crecer de manera sostenida y atraer y retener talento e inversiones de parte de empresas que deseen reubicarse en México en el marco del nearshoring, los recursos presupuestales destinados a este concepto en 2024 son limitados en términos de su escala y alcance.

El monto de inversión aprobado en 2024, relativamente bajo en comparación con el tamaño de la economía –equivale al 3.2% del producto interno bruto (PIB) estimado para ese año–, difícilmente será suficiente para revertir la tendencia a la baja que se observa desde 2008 en la inversión pública en activos fijos. Entre 2008 y 2022 la formación bruta de capital fijo por parte del sector público en su conjunto disminuyó (-)48.3% en términos reales: pasó de 1.13 a 0.58 billones de pesos a precios de 2018.

Además, una parte significativa (37.3%) de la inversión se destinará únicamente a proyectos de inversión en el sector hidrocarburos (petróleo y gas natural), mientras el presupuesto destinado a sectores clave como el suministro de energía eléctrica y el abastecimiento de agua presenta ajustes a la baja. En contraste con el presupuesto aprobado para 2023, los recursos autorizados para estas áreas en 2024 tienen reducciones en términos reales: el rubro de Electricidad cayó (-)18.0% al pasar de 88.5 a 76.0 mmdp, y la inversión en Abastecimiento de agua disminuyó (-)6.3% (pasó de 22.2 a 21.8 mmdp).

Parte de este gasto de inversión corresponde también a proyectos cuya construcción se ha ejecutado en un marco de opacidad y sin estudios técnicos que permitan conocer si el beneficio potencial que recibirá la sociedad mexicana una vez que se concluyan será, o no, mayor a su costo de construcción, operación y mantenimiento (incluidos sus costos medioambientales).

Proyectos como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería Olmeca, por ejemplo, no están registrados en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que impide conocer aspectos básicos como su avance físico y financiero a pesar de sus compromisos plurianuales de gasto.

Solo a través de más y mejor inversión pública en áreas clave que garanticen un suministro confiable y a precios competitivos de electricidad limpia, disponibilidad de agua e infraestructura logística de calidad (p. ej. puertos, aeropuertos, carreteras), el país podrá capitalizar plenamente el nearshoring en beneficio de la población mexicana.

Por ello, es fundamental que se destinen más recursos públicos al financiamiento de programas y proyectos de inversión que antes de su construcción demuestren que cada peso que se invierta en ellos se traducirá en beneficios tangibles para la sociedad y, además, que estos recursos se ejecuten en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

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