May 1, 2014
Vigilar el gasto público y el patrimonio de los gobiernos municipales es una de las batallas más difíciles de ganar para un contralor, sobre todo por el elevado nivel de opacidad que existe en la mayoría de las cuentas públicas locales.
Los especialistas coinciden en que, si bien el papel de estos funcionarios tomó mayor relevancia en los últimos años, aún falta mucho por avanzar, sobre todo en las alcaldías más pequeñas donde prevalece un alto nivel de pobreza.
Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), comenta que en la mayoría de las alcaldías, la injerencia de un auditor a nivel municipal —como también se le conoce al contralor— está “en pañales”.
“En los municipios grandes sí existe un tejido administrativo, pero las alcaldías pequeñas como Pinotepa, Oaxaca y Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, por mencionar algunos, no llegan ni a contralor”, comenta.
Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director académico del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), refiere que hay dos polos totalmente opuestos en la materia. Por una parte existen ciudades como Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California; y León, Guanajuato, en las cuales la labor del contralor es sumamente destacada; pero del otro lado están los ayuntamientos que sobresalen por su nivel de pobreza. “Hay lugares donde no tienen ni una computadora, entonces, ¿cómo pueden vigilar el gasto? ¿Con qué herramientas?”, cuestiona el especialista.
MÁS DIENTES
Los contralores, como su nombre lo dice, ejercen control. Son los funcionarios que evalúan y promueven el desarrollo administrativo en las dependencias de gobierno. Su principal tarea consiste en prevenir malos manejos al interior de las administraciones. Por eso en algunos lugares se les dice “preventólogos”, ya que buscan evitar posibles actos de corrupción, principalmente en los procesos de contratación de proveedores de bienes y servicios, comenta José Cruz Hernández Moreno, quien fue contralor municipal de León, Guanajuato, de 2009 a 2012.
El también ex presidente de la Alianza de Contralores de dicha entidad, reconoce que todavía falta camino por recorrer en el tema; sin embargo, asegura que en la última década la labor de estos servidores públicos ha cobrado mayor relevancia.
Asimismo, afirma que con el paso de los años las leyes han otorgado “más dientes” a los auditores, “aunque aún son insuficientes para acabar con el cáncer de la corrupción, la cual avanza de manera acelerada debido, entre otras cosas, a la falta de transparencia que existe en la mayoría de los municipios”.
DE LA LUZ A LA SOMBRA
De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal 2013 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de los 366 ayuntamientos evaluados, sólo 10 obtuvieron una nota superior a 70 por ciento en una escala de cero a 100 en cuanto a la rendición de cuentas del gasto público, mientras que 72 estuvieron en un rango de entre 27 y 58 por ciento y 284 por debajo de 25 por ciento.
Entre los rubros donde existe más opacidad destacan: monto de prestaciones sindicales, criterios de aprobación de fideicomisos y subsidios, y el plazo de contratación de la deuda. Dicho estudio revela además que 78 por ciento de los municipios evaluados incumplen condiciones mínimas vinculadas a la rendición de cuentas de su gasto público.
De acuerdo con Tenorio y De la Cruz, el nivel de transparencia mejorará a partir de que entre en vigor plenamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios, en 2016. “Claro, no será de la noche a la mañana, deberán transcurrir al menos tres años para empezar a ver resultados”, aclara Tenorio.
CUIDAR EL PERFIL
José Cruz Hernández aclara que la normatividad es uno de los puntos más importantes en los que un contralor debe poner atención para hacerle frente a posibles actos de corrupción y, por lo tanto, para disminuir los índices de opacidad, principalmente a la hora de firmar contratos con proveedores. Esto implica, desde la constitución del Comité de Adquisiciones, los límites máximos para los casos de contrataciones directas, los procesos de licitación y los fallos, hasta las sanciones que se impongan para quienes incurran en irregularidades.
“Otros aspectos que deben cuidarse son el perfil de los empleados públicos que laboran en áreas de adquisiciones; la conformación profesional y meticulosa del padrón de contratistas; la transparencia de los procesos de contratación; el clausulado objetivo y contundente de los contratos; la supervisión consistente de los bienes y servicios contratados y la efectividad de las fianzas, así como el resarcimiento de los vicios ocultos”, detalla Hernández Moreno, quien actualmente se desempeña como director General de Gestión Administrativa y Enlace Gubernamental de la Tesorería de León.
Asimismo, comenta que con el fin de mejorar el desempeño de los contralores, los gobiernos municipales deben ser cuidadosos en aspectos como la elección de la persona adecuada para encabezar dicha área administrativa, así como en la autonomía y el trabajo social. En lo que toca al primer punto, refiere que dicho funcionario debe ser una persona profesional, elegida mediante un concurso claro y transparente, ya que en algunos casos el puesto se asigna con base en la decisión de algún funcionario superior.
En cuanto a la autonomía, la contratación de un contralor se debe efectuar sin la injerencia de las secretarías de finanzas. “De qué sirve no estar bajo las órdenes de un tesorero, si económicamente estás sujeto a sus decisiones. Lo ideal es ser independiente, pero auditado por un tercero”, aclara.
El tercer punto es el trabajo con la sociedad. Auditar a todos los funcionarios públicos no es una tarea fácil, sobre todo en los ayuntamientos grandes. Pero cuando se trabaja de la mano de los ciudadanos todo es más fácil, comenta el experto.
Ene 1, 2014
Notoria opacidad en Tabasco.
La escasa transparencia que los gobiernos estatales reportan, respecto a la información presupuestal que manejan, podría ahuyentar la inversión extranjera y detener el desarrollo de las entidades del país, anticipó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Al presentar el Índice de Información Presupuestal Estatal 2013 (IIPE), Juan Pardinas, director general del Imco, refirió en conferencia de prensa que en los últimos cinco años el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) creció 1.3 billones de pesos, lo que representa una tasa de crecimiento de 41 por ciento. Sin embargo, la transparencia sigue siendo tarea pendiente de las entidades federativas, ya que el promedio de cumplimiento con la información es de 52 por ciento.
No se reportan datos sobre los salarios de funcionarios públicos, y se sabe muy poco de la deuda que se contrata, por lo cual éstas son las ventanas de oportunidad que tienen los gobiernos subnacionales, afirmó.
Refirió que Colima es el estado que más destaca al cumplir con 91 por ciento de los requisitos, mientras Tabasco es el peor al reportar 16 por ciento.
Agregó que en esta evaluación, que se realiza desde 2008, ha habido avances y retrocesos debido a que muchos estados han reportado mejoras y otros han decaído, como consecuencia de los cambios de gobierno, pero principalmente porque no hay una legislación que obligue a los gobernadores a mejorar la transparencia en la materia y dar continuidad a las buenas prácticas.
Mario Anguiano, gobernador de Colima, mencionó que este tipo de evaluaciones motiva a los ejecutivos estatales a presentar mejores resultados sobre la información presupuestal. Agregó que para los próximos años el objetivo de su administración es cumplir con el 100 por ciento del IIEP.
Premia CIDE logros locales.
Los municipios de Mérida, Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; Zapopan, Jalisco y Aguascalientes, Aguascalientes recibieron el Premio Gobierno y Gestión Local 2013, que cada año otorga el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La capital de Yucatán se hizo acreedora al galardón por su programa de Microcréditos, mientras que la ciudad de Oaxaca fue reconocida por la puesta en marcha de un programa integral de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, y en el mismo estado, San Bartolo Coyotepec fue reconocido por el éxito de su iniciativa Municipio Ambientalmente Responsable, mientras que Zapopan y Aguascalientes recibieron el premio por las iniciativas Jóvenes con Porvenir y Visión Integral Hídrica, respectivamente.
En esta edición de los premios Gobierno y Gestión Local, el Fondo de Información y Documentación para la Industria (Infotec) entregó reconocimientos a los municipios de Zautla, Puebla; Pachuca, Hidalgo y a la delegación Xochimilco, en el Distrito Federal, por promover iniciativas en favor del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aplicadas a la gestión municipal.
Asimismo, se estableció el Reconocimiento Especial a la Excelencia en la Gestión Pública Municipal, con el fin de distinguir a las buenas experiencias de gobierno que han logrado consolidarse en el tiempo, librando la barrera de los cambios en las administraciones municipales. Dicha distinción le fue otorgada al Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (Simar) Sureste, conformado por las alcaldías de Mazamitla, Valle de Juárez, Quitupan, La Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, Marcos Castellanos, Tuxcueca, Tizapán el Alto y Santa María del Oro, en el estado de Jalisco.
Empeoró desempeño municipal: Inafed.
En la décima edición del Foro Desde lo Local, que organiza el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la dependencia reconoció que varios municipios han malgastado los recursos que les son asignados en acciones que no contribuyen al desarrollo de la sociedad.
José Antonio González Curi, coordinador del Inafed, dijo en la inauguración del evento realizado en la ciudad de Veracruz, que el mal desempeño de algunas alcaldías ha provocado que los servicios públicos sean deficientes.
Refirió ante alcaldes de distintos lugares del país, y de todos los partidos políticos, que en los últimos dos años la burocracia en los ayuntamientos ha crecido 30 por ciento ya que actualmente se registran 853 mil funcionarios municipales a comparación de los 623 mil existentes en 2011.
Añadió que durante este año, 1,194 municipios concluyeron su verificación en la agenda Desde lo Local del Inafed, de los cuales sólo 340 fueron acreedores a reconocimientos por su buen desempeño.
En cuanto a sus finanzas, el experto señaló que los municipios destinan la mayor parte de sus ingresos al gasto corriente, principalmente a pagar la nómina, y la deuda que representa a todos los gobiernos locales asciende a más de 40 mil millones de pesos, lo que no permite destinar recursos a obras que impulsen el desarrollo.
En su participación, Leticia Quezada, presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) y jefa delegacional de Magdalena Contreras, en el Distrito Federal, aplaudió que el Gobierno Federal impulsara la reelección de alcaldes, pues con ello se eficientará la gestión de ayuntamientos. Aunque entre los pendientes, refirió la delegada, todavía debe revisarse la propuesta de una reforma municipal que tome en cuenta las finanzas y las atribuciones de los municipios.
En el marco del evento, el Inafed anunció que creará nuevas bases en su programa Agenda Desde lo Local, para que los ayuntamientos se desarrollen de manera más eficiente y cumplan con mejores prácticas de gobierno.
Dic 1, 2013
México adoptó tarde las corrientes legislativas de acceso a la información pública. Pero a decir de especialistas, nuestro país ya arrancó en lo relativo al “parlamento abierto”, un concepto que protege el derecho de los ciudadanos a involucrarse en la toma de decisiones de los congresos, lo que entre otras cosas, transparentará el uso de los presupuestos que administran.
Sin embargo, estos mismos especialistas reconocen que no basta con tener leyes de apertura de información, sino que se requiere de un esfuerzo por llevarlas a la práctica en forma efectiva, sobre todo en los estados donde impera más notoriamente la opacidad.
Gerardo Laveaga Rendón, comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), reconoce que cuando existe mayor diversidad política representada en las cámaras de diputados de los estados, la transparencia y la rendición de cuentas se refuerza. “El gran problema es cuando los diputados, el gobernador y el Poder Judicial juegan del mismo lado, porque es muy difícil equilibrar las fuerzas.”
Agrega que la estructura que ha tomado el país ha permitido que muchos estados de la república se conviertan en “feudos modernos, donde muchos gobernadores deciden todo. Ellos ponen a los diputados, ellos ponen el Poder Judicial, ellos ponen a los órganos de transparencia”, lo que impide que se conozca a fondo la información generada por los legisladores, como su nómina, sus partidas presupuestales, los honorarios de sus asesores y sus viáticos, ntre otros. “Es un diseño que tenemos que cambiar”, reconoce Gerardo Laveaga.
SENADO Y ALDF SE ABREN
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, comenta que el modelo de parlamento abierto —impulsado por entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que ha sido adoptado por varias democracias modernas— aumenta el nivel de confianza en la labor legislativa y restaura la credibilidad en los congresistas.
De las 32 cámaras de diputados locales del país y las que componen el Congreso de la Unión, el Senado de la República y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han eliminado con más decisión las trabas que impiden informar a la sociedad sobre sus actividades. Los especialistas no descartan que muy pronto la Cámara de Diputados mpiece a trabajar en esta tendencia.
“El parlamento abierto garantiza estar informado sobre las propuestas y debates entre grupos parlamentarios, así como conocer las reformas que se realizan y el impacto que generan en la vida cotidiana”, añade Bohórquez.
POR LA CREDIBILIDAD
El modelo de parlamento abierto también consiste en conocer a detalle el uso de los recursos públicos, que año con año son entregados a las legislaturas, y de lo cual prácticamente los ciudadanos no tienen certeza sobre su destino.
“Los niveles de confianza institucional de los diputados mexicanos están a los niveles de confianza que generan los policías de tránsito. Según datos de la Fundación Este País, 70 por ciento de los electores no se sienten representados por sus diputados y senadores, lo cual refleja una crisis de credibilidad”, refiere el experto.
Melissa Ortiz, investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación, considera que es impostergable buscar que el trabajo legislativo, tanto en los congresos locales como en el Congreso de la Unión, pueda responder a solicitudes de información tan elementales como ¿quiénes integran las comisiones?, ¿cuál es la influencia en cada votación?, —nombre y sentido del voto de los diputados— y ¿cuál es la agenda y calendario de trabajo en comisiones?
Adelanta que para 2015, Transparencia Mexicana, Fundar y otras organizaciones promoverán que por lo menos la mitad de los poderes judicial y legislativo de todo el país utilicen prácticas de parlamento abierto, que garanticen activamente el derecho a la información.
La investigadora celebra que, a la fecha, varios congresos como los del Estado de México, Jalisco y Veracruz, están interesados en seguir el ejemplo del Senado y de la ALDF.
Recuerda que el 29 de agosto de 2012 el Senado aceptó adherirse a la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, la cual cuenta Eduardo Bohórquez. con el apoyo de más de 130 organizaciones procedentes de 75 países y la Unión Europea.
Esta proclamación aspira a que los parlamentos garanticen que la información esté completamente disponible para el ciudadano y no como ocurre actualmente, ya que se emplean documentos en formato PDF difíciles de consultar.
La recomendación consiste en emplear formatos abiertos y estructurados, que puedan ser leídos y procesados por las computadoras, de modo que la información parlamentaria sea fácilmente utilizada y analizada por el sector privado, los académicos y cualquier otro mexicano.
Igualmente, el acuerdo firmado por los senadores pide a los congresos esforzarse por utilizar las herramientas tecnológicas interactivas, para fomentar la capacidad de los ciudadanos de dar su opinión y comunicarse con los miembros o el personal parlamentario.
INTERACTIVIDAD, IMPORTANTE
María del Carmen Nava Polina, directora del grupo de análisis Visión Legislativa, expone que falta mucho camino por andar en rendición de cuentas de las cámaras estatales y de las nacionales. Menciona como ejemplo que 20 diputados locales del Distrito Federal no utilizan twitter para transmitir sus actividades y que, de las 37 comisiones, sólo la de Cultura utiliza esa red social.
Considera que si el Congreso de la Unión es el quinto más caro del mundo, se requiere mayor profesionalismo en el reporte de su trabajo, lo que implica utilizar las tecnologías de la información para mantener contacto con el ciudadano.
Melissa Ortiz advierte que la ALDF todavía no es un parlamento abierto, sin embargo opina “que se encuentra en el camino de llegar a serlo”. En el ámbito federal, confía en que “los diputados se pongan las pilas y comiencen a generar los cambios necesarios como lo hace el Senado”.
Sep 1, 2013
El mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP), no favorece la transparencia. Esa es la conclusión a la que llegó el estudio Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización Causa Común.
El estudio se hizo a partir del análisis de 10 entidades federativas en cinco temas, que son obligaciones legales, presupuesto y cuentas públicas, reportes de ejercicio del gasto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), portales de transparencia estatales y solicitudes vía Infomex, así como reportes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Alejandro Hope, director de Seguridad del Imco, explica que las políticas de la Federación en la materia no son eficientes debido a la discrecionalidad con la que se manejan los recursos del FASP —que para este año dispone de 7,600 millones de pesos (mdp)— lo que impide conocer con exactitud cómo y en qué se gasta el dinero.En otro reporte, la ASF da a conocer que no hay mecanismos para que el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) sea distribuido adecuadamente, debido a irregularidades en la gestión de las secretarías de finanzas locales.
Los especialistas coinciden en que, si bien el papel de estos funcionarios tomó mayor relevancia en los últimos años, aún falta mucho por avanzar, sobre todo en las alcaldías más pequeñas donde prevalece un alto nivel de pobreza.
De acuerdo con Tenorio y De la Cruz, el nivel de transparencia mejorará a partir de que entre en vigor plenamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios, en 2016. “Claro, no será de la noche a la mañana, deberán transcurrir al menos tres años para empezar a ver resultados”, aclara Tenorio.
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