Jul 1, 2014
Las autoridades de los municipios con mayor actividad petrolera del país ya se preparan para hacer frente a las oportunidades que promete la reforma energética para impulsar a las economías locales.
Como anticipa el Gobierno Federal, la apertura del sector traerá inversión privada a diversos polos de producción de hidrocarburos. Si bien los proyectos productivos no detonarán hasta la publicación de las leyes secundarias y la asignación de concesiones en la esperada “ronda cero” de Petróleos Mexicanos (Pemex), el reto inmediato para los gobiernos locales es prever y prepararse para los nuevos escenarios.
Los alcaldes de las zonas vinculadas a las tareas de exploración, explotación, refinación, distribución y comercialización de crudo, principalmente, deben fijar su atención en las necesidades de infraestructura y servicios que demandarán las empresas del sector petrolero que inviertan en México ya que, “aun cuando la industria energética es de carácter federal, el impacto incide directamente en los gobiernos locales”, comenta Miriam Grunstein Dickter, especialista en temas energéticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En este contexto, el desafío para la gestión de gobierno a nivel municipal es orientar la vocación económica de las localidades y sacar provecho de la actividad de las compañías privadas.
FACILITADORES DE INVERSIÓN.
Son siete los estados que concentran la producción de crudo en el país: Campeche, Chiapas, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, aunque 90% de este recurso energético se extrae en Campeche, Tabasco y Veracruz. En estos tres estados se ubican los 15 municipios que concentran la mayor actividad petrolera de México.
En 2012, Pemex producía 2.5 millones de barriles de crudo, clasificado por su densidad como Istmo, Maya y Olmeca. La expectativa de crecimiento con la apertura a la inversión privada es llegar a producir 3.5 millones de barriles en 2025, según la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, elaborada por la Secretaría de Energía (Sener). Cada una de las etapas del proceso de producción de derivados del petróleo —exploración, explotación, refinación, petroquímica, distribución y comercialización de productos— requiere de una atención especial y medición de escenarios futuros.
La carga de la infraestructura básica para la operación, así como el impacto social y ambiental recae en los municipios, por lo que para lograr un crecimiento de 60 por ciento en el volumen de producción de crudo, las alcaldías deberán facilitar la instalación de empresas operadoras de yacimientos que, en sociedad con Pemex, realizarán actividades de exploración y explotación, principalmente en aguas profundas en el Golfo de México, así como extracción de gas en la zona norte del país.
«Lo primero que debe hacer un alcalde ante el nuevo panorama es un catastro social”, opina Alberto Gómez de la Vega, presidente de la empresa consultora R2M, con el fin de determinar el perfil de la población: edad, salud, relaciones, educación y actividad productiva. A partir de un análisis de este tipo, los munícipes pueden anticipar cómo impactará la actividad petrolera a su localidad para orientar la dinámica económica de la región. El experto considera que hasta que se cuente con esta información se podrá medir la infraestructura y los servicios que se requerirán.
“El riesgo de no medir correctamente las probabilidades y consecuencias del panorama que se abre con la reforma es rebasar completamente la capacidad instalada y ahuyentar la inversión”, explica Fanny Guedez Sayago, directora de desarrollo de nuevos negocios de R2M.
El método de trabajo para sensibilizar a la población —sugiere la investigadora—, es similar al que Pemex sigue en las comunidades donde participa. Su dinámica es formar grupos de trabajo para fomentar proyectos productivos, como lo hizo en Veracruz a principios de esta década, donde los agricultores cultivaban naranja y la vendían como jugo y criaban pollos para vender carne y huevo.
ADECUAR LAS LEYES.
“En Poza Rica ya están llegando algunas compañías, tanto nacionales como extranjeras. Estamos listos para enfrentar la nueva dinámica económica porque tenemos una cultura de servicios orientada al sector energético y los elementos necesarios para atender nuevos proyectos”, asegura el alcalde de dicha demarcación, Sergio Lorenzo Quiroz.
El funcionario menciona que una de las prioridades es consolidar la infraestructura de la zona metropolitana de su municipio. “Vamos a controlar el crecimiento con un programa de ordenamiento urbano porque queremos tener una economía dinámica y diversificada, para ofrecer una imagen atractiva para el asentamiento industrial.”
Asimismo, el presidente municipal de Pánuco, en la misma entidad, Ricardo García Escalante, asegura que la reforma energética se basa en un modelo d
e utilidad compartida donde las empresas privadas cargarán con los costos de la extracción de hidrocarburos, y aunque reconoce que al día de hoy su ayuntamiento no cuenta con los medios suficientes para sacar adelante el desarrollo integral que podría demandar el boom de inversiones, sostiene que en los próximos meses, parte de su gestión estará enfocada en fomentar un mayor vínculo con el gobierno estatal y la federación para aprovechar el potencial de la industria petrolera.
Los expertos también recomiendan a los alcaldes fijar su atención en el marco jurídico, principalmente en cuanto al uso de suelo para evitar problemas de propiedad agraria y trabajar en estrategias de comunicación para informar a los habitantes sobre los proyectos y su impacto en todos los ámbitos. “Hay que ofrecer a la comunidad toda la información que sea posible”, dice Grunstein.
Jul 1, 2014
La aprobación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no repunta. De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por Testa Marketing, más de la mitad de las personas consultadas (64 por ciento) manifestaron su desacuerdo con la gestión del mandatario, mientras que 23.6 por ciento —menos de la cuarta parte— está de acuerdo. El mes anterior, la aprobación de Peña Nieto era de 24.13 por ciento.
Asimismo, casi tres cuartas partes de los encuestados (73.25 por ciento) consideran que el rumbo que lleva el país, en lo general, no es el correcto, mientras que sólo 1 de cada 5 considera que México va por buen camino. En materia de seguridad, 40.17 por ciento de las personas consideraba que las condiciones de seguridad del país eran peores que las de 12 meses antes. Esta cifra bajó a 33.25 por ciento para el mes de mayo, lo que representa un descenso de 6.92 puntos porcentuales.
POCAS REFERENCIAS.
En esta ocasión, se consultó la opinión de los ciudadanos con respecto a la reforma energética. De los 45
2 encuestados que dijeron poseer información sobre la reforma energética, más de la mitad (68.14 por ciento) la calificó como regular, mientras que 11.94 considera que es excelente o buena, y 19.47 por ciento asegura que es mala o pésima.
No obstante, dichas opiniones suelen estar basadas en pocas referencias, ya que 51.3 por ciento y 43.5 por ciento de los encuestados expresaron tener poca o nada de información, respectivamente, sobre la reforma, mientras que sólo 5.13 por ciento dijo contar con mucha información al respecto. Cerca de la tercera parte de las personas (30.97 por ciento) cree que el gobierno es el más beneficiado con la reforma, mientras que 6 de cada 10 (59.2 por ciento) piensa que las empresas del sector energético serán las que obtengan el mayor provecho, y sólo 9 por ciento mencionó a las familias como las más beneficiadas con la reforma.
En cuanto al efecto que la reforma podría tener en la economía familiar, 7 de cada 10 personas creen que no habrá ninguna repercusión en las finanzas de sus hogares, mientras que 13.05 por ciento piensa que mejorará, y 17.7 por ciento asegura que empeorará.
Se realizaron 800 entrevistas exitosas del 19 al 30 de mayo, distribuidas entre las principales ciudades de los 31 estados del país y el Distrito Federal. Se realizaron mediante entrevistas telefónicas al azar. Con la muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento de nivel de confianza y ±3.46 margen de error, lo que significa que podemos estar 95 por ciento seguros de que los valores poblaciones se encuentran entre ±3.46% de los valores encontrados en la muestra.
Jul 1, 2014
La buena señalización es medular para disolver caos de tránsito, evitar accidentes viales y contar con ciudades amigables, pero no puede funcionar sola, debe ir de la mano del buen diseño de las calles. Por ejemplo, letreros que marquen un límite de velocidad de 50 km/h en una vialidad de cuatro o cinco carriles y con pocos semáforos no funcionarán”, expresa en entrevista Xavier Treviño, director general para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (IPTD).
“En este tema, en México las normas jurídicas ven como primer actor la pintura y como secundario a los dispositivos de seguridad vial; mientras en Estados Unidos y Europa es al revés, en una clara muestra de ciudades amigables, lo cual debemos seguir”, nos dice Dante Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas Señalizadoras e Instaladoras (AMESI).
Se debe pensar en fórmulas que permitan una movilidad urbana sustentable y en ese sentido es importante saber qué deben expresar las señales y dónde ponerlas. “No debe innovarse sólo por ‘mostrar que se trabaja’, porque si hay señales de más la gente no las ve; se convierten en ‘ruido urbano’ y puede haber accidentes, con heridos e incluso muertos¨agrega Treviño.
Carreteras seguras.
El hecho de que las ciudades cuenten con una señalización que las haga amigables es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, y la comunicación terrestre entre ellas, de las autoridades federales.
“Debe caminar de la mano el trabajo de ambos; contar con autopistas y carreteras libres de peaje y amigables con el usuario permite beneficios económicos y, sobre todo, protege vidas, y esto no se puede hacer sin dar prioridad al cuidado del medioambiente”, dice en entrevista con Alcaldes de México, Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En las carreteras y autopistas tiene que coexistir una combinación equilibrada hacia el ideal de señalización. “Debe haber respeto a las normas de velocidad, zonas de rebase y demás, pero las señales horizontales y verticales deben ser las adecuadas; un exceso de ellas distraerá al usuario e, incluso, puede provocar accidentes que cuesten algo más que dinero”, advierte el funcionario.
Las señales en carreteras y autopistas no pueden ser vistas como un gasto, son una inversión que ayuda a que las vías sean amigables, y otro tema no menosimportante es la cultura; que el conductor haga caso de ellas salvará vidas, como respetar la línea continua, que indica que no se debe rebasar.
“De ahí que en 2013 el Gobierno Federal invirtiera sólo en señales horizontales (pintura en las vías) 30 por ciento más que un año antes para señalizar más de 40 mil 400 kilómetros de carreteras. Para 2014 la inversión en este rubro alcanzará los 6,601 millones de pesos (mdp). Además, mientras el año pasado se pusieron en operación 140 mil señales de tránsito, en 2014 se dará luz verde a 160 mil.
“La intención es cuidar a la gente de manera integral, por ello, aparte está la inversión en barreras de protección que para 2014 se situará en 208 mdp, ya se trabaja para irnos hacia la logística de dispositivos que cuiden vidas, que en México, por la complicada orografía, es medular”, agrega Raúl Murrieta ummings.
La prioridad en las v ías primarias es mover personas de forma ágil y eficiente; de ahí los carriles exclusivos para el Metrobús, por ejemplo. Las secundarias, en tanto, están pensadas para la convivencia, tránsito de peatones, comercio, escuelas, etc.
Manuales de señalización.
En algunas entidades se cuenta con manuales de señalización, con dispositivos de control de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, como pintura en el pavimento, señales verticales, bolardos (postes de pequeña altura, fabricados en piedra o metal que se anclan para impedir el paso a vehículos en zonas peatonales o para bicicletas), pero están lejos de ser mayoría. Apenas el Distrito Federal, Jalisco, Baja California y un par más de entidades cuentan con manuales; en otros estados optan por adherirse a señales como las que hay en una carretera, incluso usan los colores amarillo y negro.
“Existen urbes, como el DF, Guadalajara y Monterrey con exceso de automotores en circulación y en algún caso pareciera que sus gobernantes buscan (erróneamente) convertir diversas vías secundarias en atajos para conductores, en una especie de ejes viales chiquitos”, advierte Xavier Treviño.
En algunas calles se han instalado parquímetros para inhibir el uso excesivo del auto, pero fallan porque el cobro es muy accesible; sería más funcional convertir algunas calles en peatonales, como en el Centro de la Ciudad de México.
“En contraste, es un abuso y una tontería que haya señales que prohíban estacionarse afuera de un banco para evitar asaltos, pues lo que hacen es facilitarlos”, agrega el directivo del IPTD.
Por su parte, para el presidente de la AMESI, “resulta absurdo que haya cruceros donde el exceso de señales se estorben y otros donde no haya nada, ni siquiera el nombre de las calles”.
En ese sentido, Xavier Treviño dice: “El diseño vial ideal no requeriría señalización de destinos lejanos o su abuso en calles secundarias, como avisar del paso peatonal en las esquinas, algo que todos sabemos; además de innecesario, resulta costoso.
“Podrían imitarse diseños inteligentes, como los que operan en Europa o mejorar la información vial a que se accede, con alguna aplicación en el teléfono. En México aún ‘estamos en pañales’ en señalización vial, aunque debemos reconocer que se avanza. Por ejemplo, hay celulares que manejan información útil para peatones y automovilistas; sólo falta que se actualice más rápido”.
En tanto, Dante Ramírez dice: “Sí, falta mucho por hacer, incluso, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es de las naciones con mayor siniestralidad vial por mala señalización, pero más por falta de cultura y voluntad de quienes toman las decisiones, porque en tecnología se dispone de lo máximo, estamos a la par de Europa o Estados Unidos.
“Sobre Periférico, de Xochimilco a Perisur, por ejemplo, operan roll defender, dispositivos de invención mexicana (recinas plásticas rellenas de agua) que minimizan los riesgos, pues absorben el impacto accidental de los autos y es tal su calidad, que buena parte de la producción se exporta al Caribe, Centro y Sudamérica.
“La idea es parecernos a Europa, contar con ‘vías perdonadoras’; hoy los errores de los conductores aquí cuestan bienes y vidas, porque la cantidad de dispositivos amigables es escasa, apenas se ven en algunos sitios considerados de alta siniestralidad, predominan los que cuestan dinero y vidas.”
La AMESI, que surgió en 2006, con apenas nueve empresarios, pero que hoy ya incluye a cerca de 150 firmas en el país,es un órgano colegiado que sirve como puente con el gobierno para dar certeza sobre la seriedad de los proveedores de señales viales.
Por envejecimiento sano.
México aún tiene más niños y jóvenes que adultos mayores, pero en el mediano plazo no podrá sustraerse a la tendencia mundial de envejecimiento y, como éstos se convierten en fuerzas que tienden a formar un recurso importante para sus familias, comunidades y economías, ya se trabaja para propiciar entornos de vida sustentadores.
La Organización Mundial de la Salud considera que el envejecimiento activo constituye un proceso que dura toda la vida y, en conjunto, favorece la salud, la participación y la seguridad en la vida de los adultos mayores. Basada en este enfoque, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone comprometerse para contar con más ciudades amigables con la llamada tercera edad, con el fin de aprovechar el potencial que representa ésta.
Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo, optimiza oportunidades de salud, participación laboral y seguridad de las personas. Una urbe así adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a personas mayores con diversas necesidades y capacidades.
Con el fin de entender las características de una ciudad amigable, es esencial ir a sus residentes de edad avanzada. En ese sentido, la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores tiene como objetivo impulsar el envejecimiento activo mediante la optimización de la participación, la mejora de las condiciones de la salud y el aumento de la seguridad de los entornos, con el fin de mejorar su calidad de vida.
En abril de 2014, San Agustín de Tlaxiaca, Hidalgo, fue la última ciudad de México en incorporarse a la Red Mundial de Ciudades Amigables. “El gobierno del Distrito Federal es quizás el más abierto a buscar fórmulas que vuelvan amigables a su urbe, seguido por Guadalajara, Monterrey, Jalapa, el Puerto de Veracruz, Cancún, Acapulco y Puebla.
“En ese sentido, en la AMESI somos pioneros en la tarea de contar en toda la nación con señalización y dispositivos para invidentes, como botones guiadores. “Un dispositivo vial se puede remplazar, una vida, no”, expresa su presidente.
Jul 1, 2014
Hace unos años, Ricardo Bucio, ex secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) denominaba a la Ciudad de México como “laberinto sin salida” para las personas discapacitadas.
Siendo una de las ciudades más grandes del mundo, el Distrito Federal se enorgullece de ser una las urbes con el mayor número de museos del mundo, o contar con uno de los sistemas de transporte más efectivos del planeta. No es inusual comparar al DF con Nueva York, Washington o Londres, en aquello en lo que estamos a la par.
Pero en términos de amigabilidad hacia aquellos que se ven aquejados por algún tipo de discapacidad, la capital del país aún está muy lejos de codearse con las grandes metrópolis del mundo occidental. Basten algunos ejemplos:
• Transporte público, donde falta muchísimo por hacer para que autobuses o microbuses sean universalmente accesibles a personas discapacitadas. En cambio, las plataformas mecánicas para discapacitados son comunes en los autobuses de las principales ciudades de los EUA.
• Puentes peatonales. De los cerca de mil que existen en la ciudad, sólo unos cuantos son accesibles para una silla de ruedas, y aún así, las rampas implican considerable esfuerzo físico, o el necesario acompañamiento de alguien.
• Metro. ¿Cuántos de ellos son accesibles para personas con silla de ruedas? En contraste, no es rara la presencia de elevadores de acceso en estaciones subterráneas en Washington o París. ¿Pueden las personas discapacitadas usar confortablemente algunas de nuestras estaciones, que llegan a estar a varias decenas de metros de profundidad? Si a lo anterior se añade la rutinaria reparación de escaleras eléctricas descompuestas, algunas estaciones son prácticamente territorio prohibido para personas con discapacidad.
• Semáforos. ¿Cuántos en el Distrito Federal tiene señales auditivas para aquellos impedidos del sentido de la vista?.
Ciertamente no son sólo las autoridades públicas, sino la sociedad civil en general, la que todavía dista de ser plenamente consciente de la necesidad de brindar espacios a personas discapacitadas.
¿Cuántos restaurantes y bares, algunos de reciente apertura o diseño, tienen baños en su primer piso o planta baja? ¿Cuántas tiendas, oficinas, edificios tienen puertas de acceso aptas para discapacitados?.
Tareas pendientes.
La inclusión no es sólo crear rampas o reservar algunos cajones de estacionamiento, implica un modelo de arquitectura urbana y diseño de exteriores, basado en principios de antropometría, método que mide los espacios necesarios para el sano y confortable movimiento de las personas, incluyendo las discapacitadas.
Cuando se diseña y construye pensando en las personas con discapacidad se logran entornos accesibles para todos, no sólo para la mayoría. Las dimensiones de los espacios, necesarias para el desplazamiento y maniobra de personas que utilizan sillas de ruedas, muletas, andaderas e incluso perros guía, tienen su fundamento en dicho enfoque.
La accesibilidad se logra pensando en los espacios y en los recorridos, como parte de un sistema integral. De nada sirve un baño adecuado, con acceso para discapacitados, si llegar a éste implica subir o bajar escaleras o atravesar puertas angostas.
A la vista del panorama anterior, no es sorprendente que muchas personas con discapacidad permanezcan en sus casas, antes que enfrentarse a la diaria carrera de obstáculos que implica moverse en una ciudad cuyas autoridades y sociedad no los consideran una prioridad.
Tal confinamiento constituye una moderna forma de discriminación y aislamiento que afecta, en mayor o menor grado, a casi medio millón de personas con discapacidad, tan sólo en el Distrito Federal (cifra exacta: 483 mil 045 personas según el Censo de Población y Vivienda de 2010).
En meses y años recientes se ha hablado de la capital del país como de una ciudad moderna, abierta al futuro, donde habrá cada vez más espacios digitales en el metro, o acceso de banda ancha en cada vez más espacios públicos, todo lo cual es ciertamente necesario.
Una sociedad es juzgada no sólo por la accesibilidad de su tecnología sino aún más por la forma en que trata a sus miembros más débiles. No es sólo alta tecnología sino sentido solidario de inclusión, lo que define a una sociedad moderna.
En la modernización tecnológica, estamos en camino; en la inclusión de todos, apenas estamos empezando.
Jul 1, 2014
El deterioro ambiental se ha institucionalizado en México. Durante muchos años, las políticas públicas nacionales en nuestro país han permitido que los ecosistemas y su riqueza natural sean usados como moneda de cambio para privilegiar el interés económico de unos cuantos frente al derecho a un medioambiente sano para todos.
Esto nos ha llevado a que a lo largo del territorio nacional, acumulemos una larga lista de ejemplos que demuestran cómo, a costa de un supuesto desarrollo económico de corto plazo, se minimiza el impacto ambiental impulsando desarrollos industriales, turísticos y urbanos, donde no se contemplan los efectos sociales y financieros de la transformación del ecosistema.
Sin embargo, esta lógica no es exclusiva del Gobierno Federal. Los gobiernos estatales y municipales, sin importar el partido político, también han permitido megaproyectos que afectan la sustentabilidad de sus territorios, incrementan la contaminación y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global y la intensificación de fenómenos asociados al cambio climático como lluvias y huracanes.
Con sus más de 10 mil kilómetros de litorales, México es un gran atractivo para el turismo, sector que aporta 8.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y genera cerca de 5 millones de empleos —directos e indirectos— por bienes y servicios, es por ello que se trata de un área prioritaria para el país y los municipios también buscan aprovecharlo.
Lamentablemente, la laxitud de leyes ambientales y de construcción ha propiciado desarrollos turísticos sin planeación sólo para atraer la inversión extranjera a costa del ambiente y la población.
El turismo depredador y la falta de previsión de sus efectos ocasionaron la erosión costera, cuyo signo más visible es la desaparición de playas en la Riviera Maya y afectaciones a los humedales del país, barreras naturales para amortiguar impactos de huracanes, cuya frecuencia e intensidad se han elevado por el cambio climático.
Los municipios juegan un papel muy importante en el tema de la conservación ambiental, y debieran ser los primeros previsores de los daños ambientales para generar mecanismos que eviten problemas en el futuro.
Para ello cuentan con herramientas como el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que por ley deben tener, para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medioambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Los presidentes municipales de México tienen en sus manos, en primera instancia, la posibilidad de cerrar el paso a grandes proyectos que amenacen el equilibrio ecológico, prohibiendo, el cambio de uso de suelo en zonas cercanas a Áreas Naturales Protegidas que sólo incrementan la presión hacia los núcleos de las reservas, elevando su vulnerabilidad.
Un caso ilustrativo es la reciente división de los ejidos en Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. Este cambio permitiría la construcción del complejo megaturístico La Ensenada, que incluye villas y condominios en la isla que forma parte de la reserva Yum-Balam, la cual alberga una gran diversidad de flora y fauna como son aves —residentes y migratorias—, mamíferos, anfibios y reptiles; algunas de estas especies en peligro de extinción.
En este ejemplo particular, existe una clara controversia constitucional, ya que de acuerdo con la Carta Magna, las islas, cayos y arrecifes son considerados Territorio Insular Mexicano y dependen de la Federación, excepto aquellas islas sobre las que los estados hayan ejercido jurisdicción antes del 5 de febrero de 1917. La Constitución estatal de Quintana Roo se promulgó hasta 1975, por lo que Holbox es territorio federal y, si fuera del interés del municipio proteger el ecosistema de la Isla y a la comunidad, podría impulsar este asunto hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie en el caso y se puedan proteger los recursos naturales.
En esta misma entidad, otro de los grandes proyectos que amenazan el equilibrio del ecosistema es Dragon Mart, para el cual el municipio había negado el permiso, pero después fue obligado a darlo por el Tribunal Superior de Justicia del estado y a pesar de que la decisión pudo ser impugnada y llevada hasta el Máximo Tribunal del país, hasta el momento no se ha hecho.
En el otro extremo del territorio mexicano, la situación no es distinta, en baja California Sur, en la lógica de “ganar” inversiones se han puesto en riesgo áreas naturales protegidas como Cabo Pulmo, *La autora es coordinadora de prensa de Greenpeace México. donde recientemente se hizo el tercer intento por construir un megaproyecto de turismo depredador: Cabo Dorado, que ponía en peligro la biodiversidad de la zona, y que finalmente fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los mecanismos existen, sólo falta voluntad política para aplicarlos. Lamentablemente el turismo depredador no es la única amenaza para el medioambiente, existen otras en las que los municipios deben trabajar: la minería, extracción de agua, descargas residuales, desarrollo urbano y rural, entre otras, que permitirán reducir los impactos del cambio climático y llevar a México a la sustentabilidad que tanto se presume en los discursos, pero poco se ve en la realidad.
Para Greenpeace es indispensable que desde las municipalidades se desarrollen programas integrales que permitan el desarrollo social sin sacrificar los ecosistemas y en la medida en que desde las comunidades se logre estas sinergias, permearán a gran escala también para que el Gobierno Federal realice los ajustes que México necesita.
Jul 1, 2014
Apartir de julio comienzan las pláticas para integrar el documento final de la Alianza Estratégica Contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre firmado entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), explica el subprocurador de Recursos Naturales de la dependencia, Alejandro del Mazo Maza.
Con estas acciones se busca cerrar el paso a los traficantes de vida silvestre en la República Mexicana mediante dos acciones delineadas durante la firma de la Alianza en mayo pasado: la “Herramienta para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques”, y la elaboración de un diagnóstico regional para Latinoamérica y el Caribe sobre las capacidades jurídicas para combatir los delitos contra el ambiente.
“La Herramienta tiene por objeto asistir a los países en la comprensión de los temas relacionados con el tráfico ilegal de especies a fin de identificar respuestas preventivas, brindar un marco para el análisis y la comprensión de las medidas de prevención y dar respuesta para lograr una aplicación efectiva de la ley… La herramienta ya fue proporcionada por la UNODC y ahora se planteó su aplicación con la dirección de un grupo de expertos en el tema, designados por las Naciones Unidas”, explica Del Mazo Maza.
El documento fue elaborado por la UNODC con apoyo de la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Estos cinco organismos en conjunto conforman el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC).
“La Herramienta ofrece un inventario de medidas que pueden contribuir al análisis de la naturaleza y el alcance de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, así como desalentar y combatir esos delitos”, señala el funcionario federal. Además busca contribuir a la comprensión de los diversos factores que propician esas actitudes delictivas a fin de integrar la información y la experiencia obtenidas en los ámbitos nacional, regional e internacional.
Además busca contribuir a la comprensión de los diversos factores que propician esas actitudes delictivas a fin de integrar la información y la experiencia obtenidas en los ámbitos nacional, regional e internacional.
“Ha sido desarrollada sobre la base de: a) lecciones aprendidas de los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir el comercio ilícito de vida silvestre, derivados de animales y material vegetal; b) análisis académicos y examen de casos, y c) consultas con partes interesadas clave y expertos pertinentes”, señala el subprocurador de Recursos Naturales. El documento elaborado por el ICCWC establece cinco puntos para conocer la situación de México en este tema: legislación, aplicación efectiva de la ley, poder judicial y Ministerio Público, fuerzas impulsoras y prevención, y recopilación y análisis de datos. Del Mazo Maza señala que el objetivo final de esta alianza es identificar las oportunidades para prevenir y perseguir este tipo de delitos y adecuar los procesos judiciales a los acuerdos internacionales en materia de delincuencia organizada internacional.
Y es que en México la Profepa ha detectado la exportación ilegal de reptiles endémicos a España, Alemania, Japón y Rusia. Para el mercado chino y de Hong Kong se extrae la Totoaba, originaria del Mar de Cortés, y los pepinos y caballitos de mar. Mientras que en el mercado interno se combate el comercio ilegal de fauna exótica, en especial en la Ciudad de México y Guadalajara, donde prevalece la venta ilegal de loros y pericos; además de que protegerá la caza ilegal del jaguar.
Datos de Fondo Mundial para la Naturaleza en México, señalan que entre el 8 y 10 por ciento de las especies de plantas y animales terrestres del planeta se concentran en el territorio nacional.
El 46 por ciento de reptiles y anfibios son únicos de nuestro país, en tanto que la cifra de mamíferos llega a 30 por ciento, de ahí la importancia que han puesto las autoridades federales, que han logrado conjuntar esfuerzos con instancias estatales para disminuir la incidencia delictiva.
El subprocurador de Recursos Naturales comenta que un paso importante en el combate a ese tipo de delitos es la firma de convenios con autoridades federales como la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Policía Federal y PGR; asociaciones civiles como Pronatura, Africam Safari; los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, entre otros.
“En breve, se espera firmar un convenio con la empresa Deremate, operadora de Mercadolibre.com, para compartir información sobre anuncios de venta de animales por Internet, además de que la División Científica de la Policía Federal mantiene una coordinación con la Profepa para evitar la venta de animales ilegales por ese medio”, explica el funcionario federal.
Durante este año la Profepa ha aplicado más de 67 operativos, 378 visitas de inspección y más de 410 recorridos de vigilancia; estas acciones han permitido asegurar 805 productos de vida silvestre, 2,392 ejemplares y nueve personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal.
“En lo inmediato, buscamos debilitar significativamente a los actores ligados a delitos contra el ambiente, y los trabajos desarrollados bajo esta alianza nos darán elementos importantes para el empleo de mayor investigación e inteligencia en la aplicación de la ley”, asegura el funcionario.
Con todas estas acciones, Del Mazo Maza comenta que se refuerza el compromiso del Gobierno Federal con la defensa del desarrollo sustentable y el combate al tráfico ilegal de especies.
Otro de los trabajos para combatir este asunto en el ámbito internacional es mediante la colaboración con la Interpol, la que consiste en compartir información sobre las acciones de los contrabandistas y el modo de operar que desarrollan para cometer ese delito.
Las autoridades de los municipios con mayor actividad petrolera del país ya se preparan para hacer frente a las oportunidades que promete la reforma energética para impulsar a las economías locales.
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